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El PT revalúa su estrategia sobre Lula.

Las esperanzas del Partido de los Trabajadores (PT) de que Luiz Inacio Lula da Silva fuese liberado esta misma semana gracias a una decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) se evaporaron luego de que la Corte postergó hasta el próximo miércoles el debate sobre la constitucionalidad del cumplimiento de las penas de prisión tras condenas en segunda instancia, como es el caso del expresidente. Y mientras el PT revalúa su estrategia para sacar a su máximo líder de la cárcel, sus legisladores adoptaron una singular forma de manifestarle solidaridad y empezar a convertirse en "millones" de Lulas.


La Corte resolvió posponer la sesión de ayer en la que se debía discutir el tema de la prisión en segunda instancia después de que el Partido Ecológico Nacional (PEN)/Patriotas, que dos años atrás había presentado la acción de inconstitucionalidad, desistió de seguir adelante para no favorecer a Lula e incluso despidió al abogado que había contratado para defender el caso ante el STF. Como el reglamento de la Corte no permite que las llamadas "acciones declaratorias de constitucionalidad" interpuestas sean retiradas, el juez Marco Aurelio Mello dio un plazo de cinco días hábiles a los nuevos representantes del PEN/Patriotas para que decidan cómo proceder.

La decisión significó un revés para el PT, que esperaba usar esta acción de inconstitucionalidad para alegar que la Carta Magna prevé la presunción de inocencia hasta que haya una sentencia definitiva, y por lo tanto los tribunales no podrían decretar órdenes de prisión en segunda instancia. Su objetivo es lograr que Lula pueda apelar en libertad su condena a las dos instancias superiores que le restan: el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y el propio STF.

En el marco de la operación Lava Jato, en julio pasado el juez Sergio Moro halló a Lula culpable de corrupción y lavado de dinero por haber recibido de la constructora OAS un departamento tríplex como soborno en especie a cambio de garantizar a la compañía contratos con Petrobras. La defensa apeló el fallo, pero en enero pasado el Tribunal Regional Federal, en Porto Alegre, ratificó y amplió la condena de nueve años y medio de prisión a 12 años y un mes.

El campamento "Lula Libre" fue instalado por militantes del PT, sindicatos y movimientos sociales en los alrededores de la Superintendencia de la Policía Federal donde Lula está detenido. Para presionar más a la opinión pública -y a la Justicia-, el partido planeaba realizar ayer una manifestación ante la Corte en Brasilia, pero esa iniciativa se frustró. También se había pensado que líderes petistas emprenderían una gira por Estados Unidos, Europa y América Latina (la Argentina incluida) para denunciar la "persecución política" contra Lula, favorito para las elecciones de octubre. Los viajes ocurrirían una vez que la Corte se pronuncie sobre la acción de inconstitucionalidad.

En tanto, en respuesta al discurso de resistencia que dio Lula en el sindicato de metalúrgicos de São Bernardo do Campo antes de entregarse, la dirigencia petista encontró una creativa forma de materializar sus palabras para que sus seguidores "se conviertan en millones de Lulas por el país". Las bancadas de diputados y senadores petistas pidieron a las autoridades del Congreso que a partir de ahora incorporen "Lula" a sus nombres oficiales. Así, en los paneles electrónicos para registrar las votaciones, la senadora Gleisi Hoffmann (presidenta del PT) empezará a aparecer como Gleisi Lula Hoffmann, y el diputado Paulo Pimenta (jefe del bloque) será llamado como Paulo Lula Pimenta. La movida no tendrá impacto concreto en la detención, pero al menos hará de su recuerdo algo cotidiano en el Congreso.


Lo que sí puede tener efectos inmediatos en la prisión de Lula es el pedido del Sindicato de Comisarios de la Policía Federal en el estado de Paraná al Superintendente de la fuerza para que el expresidente sea transferido a una cárcel militar. Los agentes argumentan que, debido al campamento de militantes, se complicó el funcionamiento de esa repartición pública donde también se realizan trámites diarios. Según el sindicato de comisarios, la mudanza de Lula a un centro de detención militar más aislado daría más tranquilidad a la policía y garantizaría la seguridad del expresidente.


 (oaweb.com.ar)



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