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ANSES sale a la caza de jubilados que no aceptaron Reparación Histórica.

La Ley de Reparación Histórica a Jubilados tendrá fecha cierta de finalización para aquellos jubilados que no la hayan suscripto pero estén percibiendo los denominados "pagos anticipados". Luego del 31 de agosto, el monto que reciben de manera adicional será descontado, en un intento del Gobierno por presionar a quienes no hayan adherido, un universo que según cifras oficiales- alcanza a los 300.000 beneficiarios.


Más allá de la campaña a nivel nacional que desplegarán desde la ANSES que comanda Emilio Basavilbaso para intentar que los jubilados firmen los acuerdos y declinen iniciar juicios por reajuste, el sistema previsional argentino enfrenta una serie de desafíos en el corto y mediano plazo: la Corte Suprema tiene en sus manos un fallo trascendental por la fórmula que se aplica en el pago de las sentencias, tema prioritario para la Casa Rosada; el dinero obtenido por el blanqueo de capitales para cubrir el Programa insignia de Cambiemos alcanzará sólo hasta fines del año que viene; y el Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) compuesto por activos e inversiones- proyecta un resultado negativo para este año por los vaivenes macro económicos, lo que disparó la alarma porque podría pulverizar los resultados globales positivos de 2016 y 2017.

Los números que exhibe el organismo previsional son optimistas en cuanto a niveles de adhesión en la primera etapa de la Reparación Histórica que promete continuar más allá del due date fijado para el 31-A. De un universo de 1.200.000 jubilados y pensionados, la ANSES dice contar con la aceptación de 900.000 que ya perciben aumentos, a un ritmo de firma de 12 mil acuerdos semanales. Sin embargo, cualquiera de los 300 mil que no hagan los trámites antes del último día de agosto verá suspendido ese ingreso extra hasta que firme. El promedio general que representa esa suma "anticipada" es de $4187, siendo diferente en cada caso por lo que se descarta que quienes sólo reciban un monto mínimo (inferior a mil pesos), optarán por el camino de iniciar un juicio. Según datos de la ANSES se inician alrededor de 3.000 juicios por mes y el 2017 cerró con 43.500 sentencias pagadas.

"El 31 de agosto se suspende si no se recibió la aceptación con la esperanza de que cuando el jubilado vea que se perdió el adicional, venga a la UDAI o realice el trámite vía internet para que sea inmediatamente restituido", explicó Basavilbaso la resolución publicada ayer en el Boletín Oficial. Dentro del organismo barajaban la posibilidad de esta extensión, prevista originalmente para fin de junio: los cambios a nivel técnico para automáticamente hacer las liquidaciones requieren una antelación de 40 días. La confirmación ahora es que efectivamente se producirá la baja de quienes no hayan firmado, una manera de forzar adhesión al Programa y mitigar la litigiosidad. Como novedad, existe un plan con la Justicia para digitalizar los expedientes por estos reclamos, lo que podría achicar la brecha de tiempo que demoran en resolverse.

Pero como anticipó Ámbito Financiero luego de la reunión mantenida entre Mauricio Macri y el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti son los juicios por reajuste cuyo paquete está en el máximo Tribunal los que preocupan al Ejecutivo. Se trata de la catarata de sentencias apeladas por la ANSES por la fórmula de movilidad basada en la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) que la Justicia de la Seguridad Social considera ilegal y reemplaza por el ISBIC (Índice de Salarios Básicos de la Industria y Construcción). Para la ANSES, sólo son 9.000 casos. Sin embargo, cifras de expedientes acumulados por recursos de queja que escalan al cuarto piso del Palacio de Tribunales oscilan en torno a los 45.000. Su resolución es gravitante en las arcas públicas. En el máximo Tribunal, juguetean con una posible sentencia para septiembre.

Desde la cartera que conduce Basavilbaso vislumbran que el otro gran tema a discutir será el destino del FGS. Aseguran que "no se tocó" un solo peso de capital ni de rendimiento de las inversiones que poseen esos activos y que el 100% ha sido reinvertido. Las sentencias han sido pagadas con el producto del blanqueo, flujo que tocará fondo según las previsiones oficiales- a fines de 2019. A partir de ese momento, comenzará a liquidarse, aunque todavía no hay una directiva expresa sobre si la "amortización" prometida al FMI surgirá de los rendimientos que genera el fondo, o si se precisará una paulatina liquidación de acciones en poder del Estado.

El FGS tuvo rendimiento positivo en 2016 (+12%) y en 2017 (+16%). Toda esa capitalización podría quedar opacada a fines de este año: por lo bajo perciben que no solo la tenencia accionaria haya tocado pisos históricos en sus valores, sino que los rendimientos de los títulos en $ y u$s puedan tener un resultado tan negativo que se lleve por delante los resultados de los últimos dos años.


 (oaweb.com.ar)



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