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Carrió pide cambios de fondo en Oficina Anticorrupción.

Tras tironeos varios, y con voltaje navideño en descenso, el Ejecutivo acelera el acercamiento y paz con la referente de la Coalición Cívica y miembro fundacional de Cambiemos, Elisa Carrió. Uno de los últimos pedidos de la diputada hacia Casa Rosada pasó desapercibido: el último proyecto que acompañó con su firma en la Cámara baja -el 12 de noviembre pasado, según informa la web institucional- exige eliminar la Oficina Anticorrupción y crear la “Agencia Nacional de Confianza Pública” (ANCP) como “ente descentralizado, con autonomía funcional y autarquía financiera, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que tendrá por objeto investigar y prevenir actos de corrupción y conductas antiéticas”.


Entre los objetivos aparece el establecimiento de “un sistema independiente de auditorías, estudios, evaluaciones y protocolos educativos de carácter preventivo con el objeto de prevenir e investigar los delitos vinculados a actos de corrupción y la promoción de las denuncias y querellas correspondientes”. Los sujetos comprendidos serán la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada; personas jurídicas de Derecho público o privado en las cuales el Estado Nacional sea parte; sociedades de Bolsa; empresas concesionarias de servicios públicos; bancos públicos y privados; Banco Central de la República Argentina; y toda persona jurídica de Derecho público o privado que tenga relación jurídica comercial con el Estado siempre que dicha relación sea su principal fuente de ingresos.

“Actualmente, la OA funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Poder Ejecutivo Nacional. Esta dependencia, a nuestro criterio, no constituye la forma institucional adecuada para poder llevar a cabo las investigaciones necesarias con total libertad. En tal sentido, la ANCP debe ser creada como ente descentralizado, con autonomía funcional y autarquía financiera”, argumentaron los legisladores de la CC, para adecuarse “a los mejores estándares internacionales que rigen dichas instituciones”.

En idioma Carrió: menos influencia de Germán Garavano -sobre quien pidió un juicio político- y más a favor del resbaladizo Marcos Peña, quien se quedó con la botonera presidencial ante el descanso sureño de Mauricio Macri.

Los diputados también explicaron en el proyecto que “el titular a cargo de la OA es designado y removido por el Presidente de la Nación a propuesta del ministro de Justicia y Derechos Humanos”. En esa línea, destacaron que “para evitar esta discrecionalidad del Poder Ejecutivo Nacional sobre un órgano contralor y de lucha contra la corrupción, es que la ANCP debe ser instituida por una ley y dotada de independencia para sus funciones”.

Sobre este punto, detallaron: “El Inspector General, máxima autoridad de la ANCP, debe ser designado mediante un concurso público abierto de oposición y antecedentes convocado por el PEN y contar con el acuerdo de ambas cámaras legislativas. Además, para garantizar las buenas prácticas propias de la gestión pública, el funcionario designado podrá ser reelegido un solo período; en ningún caso la finalización de su mandato coincidirá con la del Presidente de la Nación; y, más aún, el mismo no podrá ser candidato para cargos electivos mientras dure su mandato ni por un año subsiguiente de finalizado el mismo”.

Para los legisladores de la CC, “es fundamental ampliar las funciones de este órgano”. En ese sentido, apuntaron a que “además de las actividades vinculadas a los organismos públicos, la ANCP propiciará que las personas jurídicas que tengan relación con el Estado deban adoptar modelos de prevención de delitos y acciones antiéticas dentro de su organización”. Y agregaron que “la Convención de la Naciones Unidas contra la corrupción expresa que cada Estado parte ‘adoptará medidas para prevenir la corrupción y mejorar las normas contables y de auditoría, en el sector privado, así como, cuando proceda, prever sanciones civiles, administrativas o penales eficaces, proporcionadas y disuasivas en caso de incumplimiento de esas medidas’.

Por ese motivo, los diputados resaltaron “como verdadera innovación la creación de la figura del Oficial de Cumplimiento dentro de las empresas privadas, quien tendrá como función primaria establecer un sistema de prevención, control y sanción de actos de corrupción”.

Mientras tanto, la nueva -y demorada- ley de ética pública, que incluye una reforma de la OA, está a la espera de la decisión de Macri de eyectarla hacia el Congreso. El presidente lo haría en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo próximo, día de inauguración de las sesiones ordinarias.


 (oaweb.com.ar)



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