El concejal justicialista Diego Giuliano solicitó la presencia del Subsecretario de Prevención y Seguridad Ciudadana, Luis Baita y del Director General de Inspección, Gregorio Ramírez en el Concejo Municipal para que den cuenta del accionar municipal en el caso de la inspección del local “La Rosa” y además, elevó un pedido de informe para que se detalle si existe constancia en el trámite de habilitación o en las sucesivas inspecciones realizadas al mencionado local de la conexión funcional con el Hotel alojamiento contiguo.
“El procedimiento judicial llevado a cabo en Callao al 100, en el denominado Bar “la Rosa”, muestra la existencia de conexiones funcionales permanentes entre el local y un hotel alojamiento contiguo a travís de puertas, escaleras, sistema de videocámaras monitoreadas por una misma central en ambos locales, un único contador de la EPE, y una misma cuenta de servicio de agua”, manifestó Giuliano.
“Resulta llamativo que en el trámite de habilitación y en las sucesivas inspecciones que realizara el municipio no se advirtiera esa conexión expresamente prohibida en la normativa municipal y que luego de que el procedimiento de la justicia corriera el velo sobre esos hechos, el municipio no haya aceptado clausurar el lugar”, afirmó el presidente del bloque Encuentro por Rosario.
“Tampoco puede ser aceptado lo expresado por la directora del Instituto de la Mujer del municipio, Andrea Travaíni, quien “descartó que en el lugar se haya detectado trata de personas” cuando la nueva ley nacional de Trata expresa que la misma se configura cuando se "promoviere, facilitare o comercializare la prostitución ajena o cualquiera otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos”, algo que no debió ser descartado de plano por la funcionaria y menos antes de que la investigación judicial exprese sus conclusiones", aseveró el edil.
“Desde 2010 hay una norma en Rosario que prohíbe que los Cabarets y Whiskerías tengan conexiones con instalaciones o inmuebles contiguos, no pudiendo plantearse como excepción salidas de emergencia”, aclaró Giuliano y agregó:
“El objetivo es claro: impedir que, a travís de un local habilitado por el Municipio, se facilite o comercialice la prostitución ajena en cuanto que eso configura un caso de explotación penado por la nueva Ley de Trata de Personas.”
“Ya no frente a las sospechas sino frente a la confirmación de que el lugar tenía estrecha relación con un hospedaje ubicado pared de por medio, el Municipio omitió llevar adelante la clausura y eso amerita una explicación del Ejecutivo”, concluyó Giuliano.
Fuente: otrosambitos.com.ar