El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Carlos Tomada, reclamó mayor colaboración a las organizaciones sindicales en la lucha contra la informalidad laboral. En el marco de su presentación ante el plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, que preside María de los Angeles Higonet, y de Presupuesto y Hacienda, que comanda Aníbal Fernández, para exponer y responder las preguntas de los legisladores sobre el proyecto de ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral elaborado por el Ejecutivo. Luego de más de tres horas de exposición y debate, la iniciativa obtuvo dictamen de comisiones y será debatida en el recinto el próximo miírcoles.
"Las organizaciones sindicales tienen responsabilidad en permitir o no permitir ciertas prácticas que se toleran y se vuelven habituales" advirtió Tomada y abundó: "ayudaría mucho que las organizaciones sindicales tambiín asumieran plenamente el combate al trabajo no registrado".
"Venimos a profundizar una tarea que hemos encarado desde 2003, impulsamos este proyecto con el objetivo de continuar con la extensión de derechos y la incorporación de los excluidos y de los más vulnerables" aseguró Tomada en el inicio de su exposición ante los senadores minutos despuís de las 15 y advirtió que "el sector de las pymes es con el que más tenemos que trabajar".
"Este gobierno que nació el 25 de mayo de 2003, puso en marcha, el 26 de agosto de ese mismo año, es decir apenas 91 días despuís de la asunción del presidente Nístor Kirchner, el programa de trabajo no registrado" y detalló que "ese plan nacional de regularización del trabajo consistió en recuperar la inspección del trabajo, eso nos permitió fiscalizar un millón de empresas y a más de tres millones de trabajadores y a partir de ese día no paramos nunca de trabajar para que el trabajo no registrado descendiera en nuestro país".
El ministro detalló que fue precisamente ese mismo trabajo "el que nos permitió que la informalidad descendiera desde 2003 a 2013 y que se rompiera la continuidad histórica de crecimiento del trabajo no registrado en la Argentina desde 1980".
"La evolución del empleo registrado en la Argentina desde 2003 a la fecha marca un crecimiento del 82%" explicó y aseguró que tras su llegada a la Casa Rosada, el presidente Kirchner, enfrentó el desafío de modificar "el paradigma que significó el paradigma que significó la naturalización del trabajo no registrado durante dícadas".
Y advirtió, "es por esa evolución que hemos tenido en la última dícada que es el momento de presentar una ley integral, una serie de instrumentos, para profundizar el combate de la informalidad".
Tomada admitió además que "esta ley es producto de la experiencia acumulada en los últimos años, de numerosos estudios acadímicos así como tambiín de todos los proyectos de ley presentados en este Parlamento y que nos han servido de inspiración, tanto desde el oficialismo como desde la oposición, y a partir de todo eso hemos generado este texto que se ha trabajado desde hace más de un año cuando la Presidenta dio inicio en Río Gallegos a la mesa de diálogo social".
"Hasta el último día de mi gestión voy a seguir trabajando para combatir el trabajo no registrado" señaló el ministro al tiempo que reclamó mayor involucramiento de las centrales sindicales en esa lucha.
El proyecto, según anunció Cristina Kirchner al presentar la iniciativa, apunta a beneficiar a unos 290 mil microempleadores para lo cual serán destinados, en principio, 4.150 millones de pesos. De dicho monto el 65% estará dirigido a las microempresas para "facilitar la registración" de trabajadores.
Entre los puntos más destacados de la iniciativa que comenzarán a discutir en la Cámara Alta se encuentran:
Refuerzo de la Fiscalización Nacional. Se propone dotar al Estado Nacional y al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) de nuevos instrumentos legales que potencien su capacidad de control del fraude laboral y el trabajo infantil en todo el país, especialmente teniendo en cuenta los recursos desiguales que tienen los estados provinciales para volcar a la inspección laboral, y la necesidad de garantizar un piso de acceso a los derechos laborales uniforme a lo largo de todo el país.
Nuevas formas de Sanción/Disuasión a Empleadores Evasores. El plan contempla la creación de un Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) donde se incluirán los empleadores que tomen trabajadores no registrados o incurran en fraude laboral detectado por el MTEySS, AFIP, el RENATEA, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y por los organismos provinciales.
Los empleadores sancionados permanecerán en el Registro un cierto tiempo en el cual no podrán acceder a determinados beneficios de políticas públicas y realizar algunas operaciones comerciales, y de reincidir en un plazo determinado, perderán beneficios impositivos. El Registro busca aumentar la sanción para quienes contraten empleo irregular y potenciar la condena social como forma de disuasión al fraude laboral.
Sistema de Incentivos a los Micro y Pequeños Empresarios. La lucha contra el trabajo no registrado es una combinación de sanciones contra el fraude laboral e incentivos para aquellos empleadores que usan la no registración para mantener unidades productivas precarias en lo económico.
La ley propone crear un Rígimen de Seguridad Social especial para micro-empleadores de baja facturación que implicara descuentos en cargas sociales y ART, y un descuento de contribuciones patronales por dos años en aquellas pymes que contraten nuevos trabajadores.
Creación de una Unidad Especial de Investigación del Fraude Laboral. Las formas modernas de control de fraude laboral combinan, cada vez más, la inspección del trabajo tradicional que recorre el territorio con nuevas formas más cualitativas y multidisciplinarias de seguimiento de las cadenas de valor, los movimientos financieros, y la construcción de indicadores mínimos de trabajadores en sectores difíciles de fiscalizar.
Se propone la creación de una unidad especial encargada del control de formas variadas de violación de la normativa laboral (entre ellas el trabajo no registrado y la subcontratación fraudulenta) en sectores complejos de fiscalizar con las herramientas tradicionales.
Convenios de Corresponsabilidad Gremial. La ley propone ampliar la potestad para firmar Convenios de Corresponsabilidad Gremial en el sector agrario y afines, un mecanismo mediante el cual empresarios, trabajadores y Estado acuerdan el salario, las condiciones de trabajo y la registración a la seguridad social de trabajadores en sectores con mucha estacionalidad tradicionalmente complejos para la registración.
Fuente: otrosambitos.com.ar