El Gobierno israelí aprobó un controvertido proyecto de ley para declarar Israel un "Estado judío" pese a la opinión de expertos juristas, que advierten de que socava los principios democráticos y amenaza los derechos de las minorías árabes.
Uno de los más críticos con la decisión, aprobada gracias a la fuerza de los elementos ultranacionalistas de la coalición que dirige Benjamin Netanyahu, ha sido el fiscal general del Estado, Yehuda Weinstein, para quien la nueva propuesta de ley supone "un ataque a la naturaleza democrática de Israel".
La ley introduce "un cambio tangible en los principios básicos de la ley constitucional que quedaron fijados en la declaración de independencia (de 1948) y en las leyes básicas del Parlamento, y tiene la capacidad de trivializar el carácter democrático" del Estado, advirtió Weinstein días atrás.
Weinstein y otros expertos temen que la nueva redacción legal suponga que la igualdad social y política de la que disfrutan en la actualidad todos los ciudadanos de Israel, "sin importar su raza, religión y gínero", quede supeditada al albedrío de los legisladores.
En la nueva ley, la fórmula "la igualdad total social y política -que nunca se ha logrado- ha sido reemplazada por derechos individuales para todos los ciudadanos de acuerdo a cualquier ley", criticaba hoy el analista Aeyal Gross en el diario progresista "Haaretz".
"La redacción es vaga, limitando los derechos personales a (la fórmula) de acuerdo a cualquier ley, y hace que esa cláusula sea en efecto inútil cuando la ley en sí misma es discriminatoria. Además, derechos personales no incluyen derechos colectivos, como el derecho a la lengua y a la cultura", subrayaba.
En la misma línea, Daniel Friedmann, columnista del diario conservador "Yediot Aharonot", advertía de que la ley es, asimismo, inoportuna y contraproducente dado el clima de tensión que se vive, en particular en Jerusalín, escenario desde hace un mes de ataques mortales de palestinos, agresiones racistas de colonos y ultranacionalistas a ciudadanos árabes y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
"En la volátil situación en la que vivimos hoy, esta propuesta de ley solo puede causar daño y empeorar nuestra relación con las minorías, algo muy posible incluso si la ley es suavizada y modificada", escribió.
Pero no solo le han llovido críticas desde la judicatura o los medios; la propia coalición de gobierno ha carecido de consenso, con los partidos de centroderecha -Hatnuá y Yesh Atid- en contra.
La más hostil ha sido la ministra de Justicia, Tzipi Livni, quien ya trató de detener el recorrido del proyecto la semana pasada al suspender su discusión en el comití correspondiente, decisión que forzó a Netanyahu a elevar la cuestión al Consejo de Ministros.
Quince ministros -los miembros de los partidos ultranacionalistas que registraron la propuesta más el Likud del primer ministro- votaron a favor y siete en contra.
"La ley es esencial para afianzar el carácter de Israel como Estado del pueblo judío frente a los retos que se nos plantean desde la comunidad internacional y a nivel interno, que ponen en tela de juicio este hecho", argumentó hoy Netanyahu.
Para el jefe del Gobierno, la ley -a la que se le augura una muerte lenta en el Tribunal Constitucional- no elevará "el carácter judío" por encima de su "carácter democrático", como temen muchos, ya que en su opinión "ambos son equiparables y los dos deben ser tenidos en cuenta igualmente".
Una idea que parece estar en contradicción con el espíritu de la redacción más dura aceptada hoy, y que el primer ministro estaría dispuesto a suavizar con una versión propia antes de la votación definitiva.
Entonces, ¿por quí forzar ahora esta polímica aprobación en el Consejo de Ministros?, se preguntan analistas y comentarias.
La primera razón -conjeturan-, es para poner obstáculos al proceso de paz y enviar una señal a Europa en un momento en el que la diplomacia parece soplar en contra de Israel con el reconocimiento del Estado palestino en gobiernos y parlamentos de la UE.
Durante el último y fallido proceso de diálogo, Netanyahu rescató una exigencia que los palestinos no están dispuestos a aceptar: la Autoridad Nacional Palestina ya ha reconocido el Estado de Israel, pero se niega a reconocer la naturaleza "judía" de ese Estado, donde un 20 por ciento de la población son árabes.
La segunda razón, por cálculos electoralistas, ante las primarias que celebrará el Likud y la cada vez más verosímil posibilidad de que se rompa la coalición de gobierno y se convoquen nuevas elecciones.
Cuando en 1980 su predecesor Menachen Begin aceptó la ley de "unificación de Jerusalín" por razones similares, el resultado fue negativo para Israel: todos los países trasladaron sus embajadas y abandonaron la Ciudad Santa, recordó Friedmann.
Fuente: otrosambitos.com.ar