Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe#
Argentina atraviesa momentos de alta convulsión como consecuencia de las ¿inevitables? medidas tarifarias que el gobierno nacional lanza como catapultas incendiarias sobre el plexo social, impactando de lleno en el ánimo de los ciudadanos por la incertidumbre de sus efectos sobre la roída economía, que es lo mismo decir sobre sus flácidos bolsillos.
La seguidilla de anunciados aumentos (Macri bien podría emplear el refranero “el que avisa no es traidor”) en los servicios como consecuencia de la quita de subsidios (un ahorro 8 mil millones de pesos según el Secretario de Transporte Guillermo Dietrich) ponen al gobierno en el riesgoso compromiso de cumplir con las bienaventuranzas prometidas para la segunda mitad del año, cuando en realidad los economistas desde Diciembre último presagiaban un 2016 sacrificado y recesivo. E inflacionario.
La hasta ahora aliada Elisa Carrió salió, como es su estilo, a jugar fuerte oponiéndose a los “tarifazos” (“traté de impedirlos”, argumentó) y para darle una mano a la coalición gobernante, de la cual ella se adjudica el madrinazgo, embistió ferozmente contra el poder judicial para que meta presos a insignes personajes del gobierno anterior, como para morigerar el malestar por los aumentos. Ya lo dijo el Ministro del Interior Rogelio Frigerio: “la gente quiere que alguien vaya preso”. Comenzaron con Jaime; dicen que siguen con Lázaro Báez.
La bonhomía política del Gobernador Lifschitz para con el gobierno nacional, no le impidió enfilar raudamente hacia el despacho del Ministro de Energía Juan José Aranguren para hacerle notar que el tarifazo energético va a impactar duramente en el sector industrial, aún cuando el Ministerio de la Producción ya tenga los números finos de la incidencia en las distintas fábricas en los costos del insumo energía, proponiéndole financiar el aumento con un pago desdoblado y en una escala progresiva. El funcionario macrista quedó en contestarle la semana próxima; en el gobierno abrigan la esperanza de que Aranguren entreabra una puerta para el financiamiento entre CAMMESA y la EPE que permita a su vez financiar a empresas en problemas el aumento tarifario, prorrateado en 12 o 13 meses.
El Senador nacional Omar Perotti propone retrotraer el cuadro tarifario nacional y provincial para las Pymes, en especial las que son electro intensivas. Mientras tanto, en Rosario y Reconquista radicales afines al gobierno nacional intentan protegerlo endilgándole el aumento de “la luz” a la EPE, como si fuese la causante excluyente. Si esto sigue así, en breve el tarifazo energético erosionará las frágiles bases del FPCyS.
Donde también se jugó fuerte es en el plano político. El sector radical NEO ratificó en un multitudinario plenario la conducción del espacio por parte del Ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro junto a una mesa chica conformada por seis delegados del Sur, Centro y Norte de la Provincia que elegirán los 57 representantes departamentales.
Políticamente fue una clara demostración de fuerza intestina de cara a la renovación de autoridades de junio próximo (en la que habrá lista de consenso) y ferviente apoyo al FPCyS por sobre la entente Cambiemos que claramente lidera el jefe de gobierno de Santa Fe y aspirante a Gobernador en el 2019 José Corral junto al sector M.A.R. El senador sureño Lisandro Enrico que pertenece al M.A.R sostiene que hoy la prioridad es seguir consolidando el FPCyS del cual también se siente parte, apoyando la gestión de Miguel Lifschitz, y dejar las especulaciones para el electoral año que viene.
Pero está visto que si de jugar fuerte se trata, el joven e impetuoso diputado provincial del PRO Roy López Molina salió a poner las cosas en su lugar dentro de Cambiemos Santa Fe, pidiéndole a los radicales signatarios paren de "atender en dos ventanillas, la de Cambiemos y del Frente Progresista", sosteniendo que esa posición es "incoherente".
López Molina siente que sus palabras reflejan el sentimiento de una gran cantidad de dirigentes, referentes y militantes del PRO de toda la provincia desorientados por no poder comprender cómo construir un proyecto provincial y local frente a quienes hoy juegan de oficialismo en todos lados (UNL-M.A.R)
Por lo pronto, los “auténticos PRO” (Lòpez Molina, Angelini, Fernández, Mastroccola y Mas Varela) ya dieron el primer paso en Diputados conformando el bloque Cambiemos, dejando un fuerte mensaje para adentro y para afuera.
López Molina dobla la apuesta, acorrala a los radicales y cree que hay que trabajar de manera firme en la conformación de la mesa de Cambiemos en Santa Fe tal como, dice, quiere Marcos Peña el Jefe de Gabinete de Macri, apurándole los tiempos a los socios radicales que comparten estatutos con el FPCyS que, dicho sea de paso, también reclama la “institucionalización” del Frente.
Julián Galdeano, uno de los líderes del M.A.R no está muy de acuerdo con disquisiciones políticas las opiniones de López Molina, “principalmente en el hecho de pensar que pueden condicionar al radicalismo desde afuera”. Round uno.
El Ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, azuzado por la inseguridad que azota a los grandes centros urbanos (que podría potenciarse políticamente si la recesión golpea fuerte) decidió dar un golpe de timón en la fuerza policial y cambiar el Jefe de Policía provincial. Sale Rafael Grau y entra el dúo Luis Bruschi y José Luis Amaya, pero sometidos al decreto de autolimitación de facultades inaugurado por el Gobernador Lifschitz, que somete ambos candidatos a la consideración y posterior dictamen no vinculante de la Comisión de Acuerdos del Parlamento local. Y ardió Troya.
Precisamente, el diputado peronista Leandro Busatto fue el primero en poner el grito en el cielo alegando que ni constitucional ni reglamentariamente está previsto que la Comisión de Acuerdos reciba pliegos de funcionarios policiales (solo analiza pliegos de jueces, fiscales y miembros del Tribunal de Cuentas, miembros del Tribunal de cuentas entre otras facultades).
El presidente del bloque socialista Rubén Galassi no anduvo con amagues: “los legisladores que no quieran opinar (sobre los antecedentes y cualidades de los nominados para Jefe y Subjefe de Policía de la Provincia) habrán perdido una oportunidad de involucrarse en un tema sensible; el FPCyS va a opinar” cortó, no sin antes advertir que esto no es un hecho político como lo plantea el peronismo, sino institucional; “lo demás es hipocresía política”, definió.
El Gobernador Lifschitz quiere saber si hay vocación política para reformar la Constitución provincial. Para ello mandó a explorar la conformación de una Comisión que estaría formada por los Partidos políticos, miembros del sector académico y de la sociedad civil, a los fines de consensuar y redactar un ante proyecto de Ley de Necesidad de Reforma de la Constitución, que debería aprobarse este año por los dos tercios de la Legislatura, de manera tal que el año que viene conjuntamente con las elecciones de medio término se elijan los Convencionales Constituyentes, que a su vez sesionarían durante el 2018 para alumbrar la nueva Constitución que regiría a partir del 2019.
Especialistas en el tema consideran que una verdadera reforma política como la que se está encarando en el país, y en cierta medida en la Provincia que deberá debatir sobre un nuevo organismo electoral que contemple, por ejemplo, una Cámara Electoral provincial y las funciones del Tribunal Electoral, un Código Electoral provincial, no puede ser plena si no se reforma la Constitución.
En el peronismo, y también el radicalismo, no existe uniformidad de criterios en el tema. Nadie lo discute desde lo doctrinal; hay desconfianza política. Y el meandro tiene nombre propio: reelección del Gobernador. Aunque se deje sentado con una cláusula transitoria que tal prerrogativa excluya al actual Gobernador, los reparos no se disipan. Temen que el Gobernador electo en el 2019 dure hasta el 2027. Y nadie quiere correr riesgos.
El peronismo se encamina hacia una incierta renovación de autoridades. El ex diputado bielsista Pablo Dibert, orientador de la corriente Encuentro Justicialista que está decidido a presentare como candidato a presidir el PJ santafesino, se está pertrechando legalmente para afrontar lo que sospecha un irregular proceso previo a la presentación de listas, que será el venidero viernes 8.
Mientras tanto, el senador radical Lisandro Enrico también jugó fuerte (lo cual no significa hacerlo de manera brusca ni desleal; entiéndase para todo lo considerado en esta columna). Presentó un revolucionario proyecto de Ley para desbaratar de una buena vez los kioscos de venta de drogas; el famoso y no por ello menos letal social y delictualmente “menudeo”.
Enrico quiere que la justicia ordinaria intervenga en los allanamientos de los denominados “kioscos” de venta de drogas. Hoy merced a la legislación vigente no lo puede hacer porque el tràfico de drogas es considerado un delito federal, que en la extensa Provincia de Santa Fe es atendido por tan solo 7 jueces y 6 fiscales federales, cuando existen cerca de 200 jueces y fiscales provinciales “que pueden ayudar a desbaratar la venta de droga multiplicada en todo el territorio”, alega.
Hora de jugarse en Argentina. Los tiempos que se viven no son para indiferentes.
Fuente: otrosambitos.com.ar