El Gobierno anunció la mayor cesión financiera a las obras sociales de los sindicatos, de los que espera una tregua al menos hasta después de la unificación de la CGT en un contexto de crecientes amenazas de medidas de fuerza y de reapertura de paritarias. El plan, que como adelantó este diario contempla un pago inmediato de $2.700 millones y que les garantiza a los gremios más recursos frescos, prevé a cambio destinar $8.000 millones que los dirigentes reclamaban como propios a un fideicomiso para crear un "Plan Universal de Salud"..#
La ingeniería, que arrancó en la campaña de Mauricio Macri e involucró a la mitad de su gabinete, fue dada a conocer por el mandatario ante buena parte de la cúpula de la CGT y gobernadores en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Sobre la base de una deuda reclamada por los gremialistas por más de 30 mil millones de pesos, el plan incluirá un decreto de necesidad y urgencia que creará tres instrumentos financieros por 27.500 millones de pesos; una decisión administrativa que habilitará el pago más inmediato a las obras sociales, y un cambio en la cobertura médica para discapacitados que les permitirá a las entidades de los sindicatos un alivio por 2.500 millones de pesos.
La base de todos los anuncios es el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que durante una década fue motivo de permanentes tironeos entre funcionarios y la CGT. El fondo fue creado para financiar las prestaciones médicas más costosas y se compone de aportes impositivos de las propias obras sociales. La lógica aplicada en la década pasada era destinar un presupuesto estimativo para la cobertura de esos tratamientos y resguardar el excedente del FSR hasta que llegó a su valor actual cercano a los 30 mil millones de pesos.
La promesa asumida por Macri de reintegrar ese monto se cumplió ayer con condiciones. Ante la imposibilidad alegada por el Gobierno de agilizar el pago, la mitad del FSR se reconvertirá en una colocación de bonos Bonar 2020 por $15 mil millones depositados en el Banco Nación a la orden de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el organismo clave que tiene a su cargo el pago de los reintegros a las obras sociales. Esos bonos devengarán un interés que volverá, por primera vez en una década, a las entidades de los gremios.
Otro mecanismo anunciado ayer será la creación de un fondo anticíclico de emergencia y asistencia para obras sociales por $4.500 millones que, bajo la órbita de la SSS, deberá atender contingencias o planes de prevención específicos proyectados por los gremios. Mientras que en paralelo habrá una transferencia directa de $2.700 millones a las obras sociales correspondientes, como había adelantado este diario, a los excedentes no distribuidos del FSR de 2015 y que deberá cubrir expedientes por reintegros no efectivizados por el sector público previo a 2012. En este caso será la partida con llegada más inmediata a las prestadoras sindicales.
El punto más novedoso del plan es la creación de un fideicomiso por $8.000 millones bajo el control de la SSS, el Ministerio de Salud y la CGT que tendrá por objetivo identificar sectores vulnerables de la población, no cubiertos por el sistema de las obras sociales ni de las prepagas -y por lo tanto, con la única chance de acudir al hospital público- y orientarlos hacia el mejor mecanismo para obtener una respuesta sanitaria satisfactoria.
Dicho de otra forma, se trata de una suerte de concesión que hicieron los gremios hacia la salud pública de fondos que reclamaban los dirigentes como propios. Uno de los responsables de la negociación explicó, sin embargo, que aguardan recuperar ese monto total con dos años de intereses del Bonar 2020, del que esperan un rendimiento estimado en 33 por ciento anual.
"Es el primer paso para la integración de la seguridad social en el sector público con un sentido progresista", le comentó a este diario Luis Scervino, actor central de las medidas junto al ministro de Salud, Jorge Lemus, y al sindicalista José Luis Lingeri, el experto en la materia de la CGT. Junto a Lingeri estuvieron presentes en el Salón Blanco Armando Cavalieri, Carlos West Ocampo, Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, Carlos Acuña, Jorge Sola y Gerónimo Venegas, el gremialista más identificado con el Gobierno. Las ausencias notables corrieron por cuenta de Hugo Moyano, que envió a Sola, y de Luis Barrionuevo, en Estados Unidos para atenderse de una dolencia.
Otro ítem del plan, con impacto financiero valioso para los gremialistas, es el financiamiento anticipado de los tratamientos por discapacidad. En la actualidad, ese tipo de prestaciones crónicas deben ser absorbidas por la organización del sindicato y luego esperar el reembolso por parte de la SSS. Con el cambio, será la Superintendencia la que empadronará a los discapacitados y la que depositará a los prestadores el valor de los tratamientos de manera directa, a través del FSR. Con esta medida los gremios calculan que dejarán de desembolsar de manera directa 2.500 millones de pesos.
También fueron incluidos en el esquema la implementación de la firma digital para los trámites en el sistema y una agilización de los pagos al hospital público por las internaciones y coberturas brindadas a los afiliados de los gremios. Así, las entidades públicas percibirán los valores en un plazo no mayor a 30 días cuando en el último tiempo lo recibían hasta con tres meses de demora.
La expectativa oficial está cifrada en atenuar los reclamos de los sindicalistas con vistas a un plenario este viernes en el que se prevé difundir un documento crítico al Gobierno por los tarifazos, la inflación y la pérdida de puestos de trabajo. En la CGT aclararon que ese documento mantendrá su tono de advertencia, así como la amenaza de iniciar un plan de lucha a partir del congreso de unidad del 22 de este mes.
Fuente: otrosambitos.com.ar