La Corte Suprema extendió la cuarentena para el Poder Judicial en “espejo” a lo resuelto por el Poder Ejecutivo hasta el 26 de abril, a través de una acordada que firmó hoy domingo por la mañana, en acuerdo especial. No hubo modificaciones a las restricciones que fijó para establecer una feria extraordinaria por motivos sanitarios y se mantiene la estricta coordinación a lo que se resuelve desde Olivos, en el marco de la crisis por el Coronavirus. La firma de la Acordada N°10 aguardó la oficialización del DNU que el Gobierno anunció el viernes por la noche, y que extiende casi hasta fin de mes el aislamiento obligatorio, sin considerar nuevas excepciones. La Acordada no tuvo cambios y extiende la situación de emergencia hasta el 26 de abril, inclusive.
Firmada por Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, pero con acuerdo tácito también de Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti se puso en marcha la tercera etapa del aislamiento, también para el Poder Judicial, sin modificaciones en el diseño de prioridades. La saga completa las acordadas 6, 7, 8 y 9 que configuraron el actual panorama de emergencia. El énfasis seguirá puesto sólo en el tratamiento de cuestiones que no admitan demora, relacionadas con detenciones, violencia urbana y doméstica, delitos contra la salud pública (con los que se sanciona a quienes infrinjan dos artículos del Código Penal), delitos migratorios, interrupción de comunicaciones, aprovechamiento de calamidad, habeas corpus y delitos contra la seguridad pública, amparos de salud, entre otros. Como autoridad de feria, la Corte renovó a Carlos Rosenkrantz al frente de lo que ocurra en el cuarto piso del Palacio de Tribunales durante este período, que seguirá secundado por el secretario Damián Font –uno de los más especializados y antiguos en el máximo Tribunal, hasta el 13 de abril. Luego, será reemplazado por Sergio Nápoli hasta la fecha, presunta, de finalización de la cuarentena que fijó el Ejecutivo. El único punto que se enfatizó respecto a los enumerados anteriormente como prioritarios fueron “las causas en las que se encuentre en juego el derecho a la salud y a la protección de personas con discapacidad”, lo que permitirá habilitar el giro de pagos por estas cuestiones. Cada Cámara tendrá que nuevamente disponer dentro de sus facultades de superintendencia de los turnos, personal y herramientas para sostener las guardias y el trabajo remoto, tal como venía ocurriendo hasta hoy.
