El oficialismo pasó a la firma el dictamen favorable al proyecto que establece el Aporte Solidario Extraordinario para patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, tras una exposición de la directora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.
La iniciativa, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, quedó así en condiciones de ser votada en el recinto a partir de la semana próxima, en caso de que se prorroguen las sesiones ordinarias que finalizan el 30 de noviembre o se convoque a extraordinarias.
El Frente de Todos destacó que países como Alemania están aplicando tributos especiales ante la pandemia y que Estados Unidos tiene en debate una propuesta similar, mientras que Juntos por el Cambio advirtió que existe una “doble imposición” con Bienes Personales, por lo que consideró que la ley se terminará judicializando por parte de los empresarios.
Durante la reunión de la Comisión de Presupuesto, los senadores escucharon en primer término a Marcó del Pont, quien subrayó que “los recursos que se obtengan de este aporte van a ser aplicados” a la atención de problemas sociales y económicos derivados de la pandemia.
“Grava a los empresarios y no a las empresas”, aseguró la funcionaria ante las críticas que recibió la propuesta, al tiempo que aclaró que “no se está gravando capital de trabajo de las empresas y no es cierto que los productores rurales van a tener que vender sus campos”.
Sobre este punto, señaló que de acuerdo a “los datos sobre lo que declaran los contribuyentes, solamente el 17% declara que tiene inmuebles rurales y solo el 2,4 % estaría afectado a este aporte”.
Marcó del Pont indicó que los “datos preliminares dan que el total de contribuyentes ascendería a 11.855 personas” y admitió: “Es más de lo que habíamos estimado meses atrás, pero está muy en línea con lo que había sido en la discusión original”.
Por otra parte, la directora del ente recaudador sostuvo que “cuando se critica este aporte como que tiene un sesgo anti inversión” se debe “entender el esfuerzo fiscal que se está haciendo con la moratoria que incluye a personas físicas, pequeñas y medianas empresas”.
Tras esa exposición, el mendocino Julio Cobos (Juntos por el Cambio) insistió en que es un “impuesto igual al de Bienes Personales” y cuestionó que no tiene “ni progresividad ni proporcionalidad”.
“Este no es el camino adecuado, va a estar lleno de impugnaciones y cuestiones judiciales. No me gusta cómo está planteado este impuesto que va sobre todos los bienes”, agregó Cobos.
A su turno, la tucumana Silvia Elías de Pérez (Juntos por el Cambio) sostuvo que el aporte “grava el activo, no tiene en cuenta el patrimonio” y, al igual que Cobos, objetó que además lo recaudado no será coparticipable.
En tanto, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Caserio (Frente de Todos), defendió el proyecto y sostuvo que “en los países de la OCDE la renta personal de personas humanas oscila el 24%, en África el 34%, en América Latina el promedio de la renta personas de personas humanas es el 10% y en Argentina es el 7%”.
“Una persona que tiene un patrimonio declarado de 200 millones de pesos pagaría el 2%, 4 millones, entonces no es justo ese planteo de que los pobres empresarios argentinos van a tener que vender sus empresas para pagar 4 millones de pesos”, agregó el cordobés.
Su compañera de bloque correntina Ana Almirón también realizó una comparación internacional al señalar que en España se está proponiendo una medida similar al igual que en países como Italia y Alemania.
Y agregó: “En Estados Unidos, recientemente electo, Joe Biden propone un 1,5% a las empresas con ganancias superiores a los 100 millones de dólares que no pagan impuestos federales”.
El proyecto es impulsado desde hace varios meses por el jefe del bloque de diputados del oficialismo, Máximo Kirchner, y su colega Carlos Heller con la idea de recaudar unos 300.000 millones de pesos para atender problemas vinculados con la pandemia de Covid-19.
La semana pasada fue finalmente aprobado por la Cámara baja con 133 votos a favor y 115 en contra, y el oficialismo espera convertirlo en ley en una eventual extensión de las sesiones del Congreso.