“No debería extrañar que empiece a dictar fallos para hacer fracasar a este Gobierno”.

La vicepresidenta Cristina de Kirchner saludó este miércoles el primer año de Gobierno de Alberto Fernández y el Frente de Todos con una carta en la cual remarcó los principales logros realizados en lo que va de la gestión. Tras realzar los puntos fuertes del Poder Ejecutivo, apuntó contra el Poder Judicial y en particular contra la Corte Suprema al señalar que “no hizo más que confirmar que fue desde allí, desde donde se encabezó y dirigió el proceso de Lawfare” contra su persona y otros dirigentes, y agregó que no debería extrañar que empiece “a dictar fallos de neto corte económico para condicionar o extorsionar a este gobierno”.

En la misiva publicada en su página web, la expresidenta negó que desde el Ejecutivo se pretenda “una justicia adicta” pero no dudo en señalar que hay “articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores” que “se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa”.

La exjefa de Estado recordó que tras la llegada al Gobierno de Néstor Kirchner, fue el propio Frente para la Victoria el que denunció “la extorsión de lo que se conocía como la “mayoría automática de la Corte”, dando inicio a un proceso virtuoso que culminó con la Corte Suprema más independiente y prestigiosa de las últimas décadas”. Sin embargo, se manifestó con dureza al señalar que “de aquella Corte, hoy no queda absolutamente nada”.

Siguiendo esa línea, disparó contra los dos jueces propuestos por Kirchner y que actualmente ocupan su cargo en el máximo tribunal. Uno de ellos – en referencia a Ricardo Lorenzetti – es “el que se fotografiaba con el Juez brasileño Sergio Moro y con Claudio Bonadío. El primero -Sergio Moro- es el que sin pruebas metió preso al expresidente del Brasil, Inacio Lula Da Silva, impidiéndole ser candidato a presidente y posibilitando la llegada al poder de Jair Bolsonaro, quien lo premió designándolo, en un escándalo sin precedentes, como su Ministro de Justicia”. “El segundo nunca rindió un examen para ser magistrado e integro la célebre lista de los “jueces de la “servilleta”. Bonadío se autodefinía como un practicante del “derecho penal creativo”: aberración jurídica si las hay y auténtico eufemismo del lawfare y la persecución a dirigentes populares”, fustigó.

Sin tapujos, Cristina continuó con su arremetida contra Lorenzetti. “Este mismo integrante de la Corte, el que se fotografiaba con Moro y Bonadío, fue Presidente de ese cuerpo hasta el año 2018 y en una reunión de jueces federales de Comodoro Py, les aseguró que todas las instancias superiores les iban a confirmar y convalidar todas las decisiones de primera instancia que dictaran contra los dirigentes y ex funcionarios kirchneristas. Lawfare al palo”, aseguró.

Al mismo tiempo, también cuestionó a Elena Highton de Nolasco, propuesta por Néstor Kirchner en 2004 como jueza de la Corte y la primera mujer en ocupar dicho espacio durante un Gobierno democrático, sobre quien dijo que “no sólo no renunció a su cargo al cumplir los 75 años de edad -como lo hiciera el Dr. Zaffaroni-, sino que además recurrió a un Juez de primera instancia para que le permitiera permanecer en el cargo en acuerdo con el Gobierno de Cambiemos -que no apeló aquella resolución judicial- y en abierta violación a la jurisprudencia de la misma Corte Suprema y a lo dispuesto por la Constitución Nacional”.

En la misiva de balance, referida principalmente a la actuación del Poder Judicial, tuvo su espacio el rol ocupado por el Gobierno de Mauricio Macri en la conformación de la actual Corte Suprema. En ese sentido cuestionó que durante el macrismo se completó la fotografía de la Corte actual a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia mediante el cual “se intentó nombrar a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti como miembros”. “Lo más terrible de aquel episodio fue que quienes debían garantizar el cumplimiento de la Constitución y las leyes en todo el País, aceptaron ser designados por decreto sin cumplir lo que prescribe la Constitución Nacional y las leyes, que exigen un procedimiento determinado y preciso para cubrir las vacantes de la Corte”, criticó.

El análisis de la actual presidenta del Senado de la Nación siguió con el foco en el blindaje judicial de exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri, al señalar que “a nadie debería extrañarle entonces, no sólo que el Lawfare siga en su apogeo, sino que además, se proteja y garantice la impunidad a los funcionarios macristas que durante su gobierno no dejaron delito por cometer, saqueando y endeudando al país y persiguiendo, espiando y encarcelando a opositores políticos a su gobierno”.

Sobre el final, cuestionó el rol de la Corte respecto al acuerdo de Cambiemos con el FMI, a la cual acusó de “consentir alegremente” el mayor endeudamiento “del que se tenga memoria a escala planetaria” y dejó entrever que tampoco debería extrañar si el Tribunal “empieza a dictar fallos de neto corte económico para condicionar o extorsionar a este gobierno… O lo que es peor aún: para hacerlo fracasar”. “De los tres poderes del Estado, sólo uno no va a elecciones. Sólo un Poder tiene la palabra final sobre las decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo”, cerró.

Además de cuestionar al Poder Judicial, valoró las medidas tomadas por el Poder Legislativo y por el Poder Ejecutivo para hacer frente a lo que – consideró – fueron dos tragedias: “Una anunciada y otra inesperada. La primera: la economía arrasada del macrismo. La segunda: la pandemia inédita”, dijo. El rearmado del sistema de Salud “prácticamente abandonado por el macrismo (…) permitió que a ningún argentino o argentina le falte una cama, un respirador o un médico cuando lo necesitó por esta verdadera desgracia del COVID”.

A su vez, remarcó la importancia de la reestructuración del 99% de la deuda externa en manos de bonistas privados “que, como ya sabemos, dejó el gobierno de Cambiemos” y la implementación del IFE y el ATP, con lo que “se sostuvo durante la pandemia a los más vulnerabilizados y al trabajo registrado y, obviamente, también a las empresas que lo brindan”.