Con la recomendación expresa de “proteger los intereses de los trabajadores, las cooperativas, pequeños productores y el Banco de la Nación Argentina”, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe le devolverá el expediente de la causa Vicentín al juez original Fabián Lorenzino de Reconquista.
A pesar del hermetismo que reina en el Palacio de Tribunales, La Opinión pudo saber que en breve el Alto Tribunal le devolverá al juez civil y comercial de Reconquista Fabián Lorenzini, el expediente sobre la oferta de pago que Vicentin había presentado en el concurso por la deuda de más de US$1.500 millones, cuyo avocamiento y suspensión de los plazos procesales había pedido el titular de la Corte Rafael Gutiérrez el 16 de junio de este año.
En ese momento, el presidente de la Corte Rafael Gutiérrez se adelantó a un posible conflicto en caso de que la Justicia comercial homologare el concurso, mientras el fuero penal se encontraba investigando distintas actuaciones de la firma, como por ejemplo la operación de venta de acciones del 33% de Renova a la multinacional Viterra.
Una decisión en soledad del Dr. Gutiérrez para, según algunas analistas, dar tiempo al ordenamiento del proceso de aquí en mas, en una clara señal política a todos los estamentos (gobierno nacional, provincial, legisladores, empresarios) de los carriles que debe seguir esta causa de ahora en más.
La diputada radical oriunda de Reconquista Marlén Espíndola señaló en el recinto hace un par de semanas que “la concursada ha acompañado en tiempo y forma más del 63% de las conformidades, que representan más del 72% del capital computable. Cumpliendo acabadamente y con creces lo previsto en la ley. Incluye entre estas conformidades una parte importante de los acreedores granarios y de servicios y la casi totalidad de los Bancos del Exterior. Debería entonces proclamarse la “existencia de acuerdo”, prevista en el artículo 49 LCQ y posterior homologación”.
El Procurador se había pronunciado en contra de la avocación de la Corte.
En setiembre último, el Procurador General de la Corte de Santa Fe, Jorge Barraguirre, le recomendó a la Corte Suprema que desista de un pedido de avocamiento que hizo la empresa Commodities, uno de los principales acreedores de la agroexportadora Vicentin, en concurso de acreedores por una deuda de más de US$1.500 millones, y pidió que el expediente vuelva al juez civil y comercial, Fabián Lorenzini, solicitando no obstante una serie de controles institucionales sobre el magistrado, que tiempo atrás le había dado luz verde al acuerdo propuesto por la empresa.
El Banco Nación quiere entrar en Vicentín
La comisión legislativa santafesina de seguimiento del caso Vicentin se reunió hace un mes con la titular del Banco Nación Silvina Batakis, quien se expresó a favor de promover el cram down de la agroexportadora. Vicentín le debe al BNA mas de U$S 300 millones.
Batakis les anticipó a los diputados Luis Rubeo, Rubén Giustiniani, Fabián Palo Oliver y Ariel Bermúdez que rechazará el planteo empresario, y se mostró partidaria de encaminar el concurso de acreedores hacia un cramdown que desemboque en la intervención del Estado nacional con participación empresaria, de manera de transformar a Vicentín en una empresa mixta.
Un artículo del Diario Rosario/12 señaló que “la pata privada, según rumores de la última semana, podría ser Claudio Rosso, un directivo de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, con buena llegada al kirchnerismo y al Vaticano mismo. Solo un rumor, nada confirmado por ese lado”.
Marlen Espíndola: “ningún cramdown fue exitoso”.
La diputada radical reconquístense Marlén Espíndola hace un par de semanas sorprendió a sus pares, cuando señaló a viva voz en el recinto que ya era de hora de dejar de guardar silencio sobre el caso Vicentín, después que sus pares relataron la visita a la titular del BNA y la propuesta de cram down.
Tras relatar que Vicentin SAIC tiene una gran importancia “no solamente para la región de donde provengo, sino en toda la geografía de la Provincia”, la joven abogada y legisladora hizo notar que “el Juzgado interviniente ha tomado todas las precauciones para que el mismo se realizara en forma transparente y ajustada a Derecho”.
Luego de contar cuáles fueron esas acciones, Espíndola desagregó que “con los controles citados, se ha conseguido que la empresa concursada haya podido, sin generar despidos de personal, abonar al día y todos los meses los sueldos de empleados y obreros, el pago de los aportes y retenciones de leyes sociales, los impuestos y todas sus obligaciones, sin contraer endeudamiento posconcursal. Lo cual, a todas luces, es un logro que no se da en todos los procesos concursales”.
En cuanto al cram down sugerido por la presidente del Banco Nación Silvina Batakis, la diputada Espíndola consideró que “constituye una actitud que, al menos desde este Poder Legislativo no se debe avalar: no hay en la existencia de este Instituto del Cram Down ejemplos exitosos; muy por el contrario. Los que yo conozco terminaron en rotundos fracasos”, aseveró.
“¿Las 7000 familias que giran alrededor de la actividad de Vicentin, esperarán que el Estado Nacional les otorgue un beneficio de un Plan Social?”, se preguntó la diputada radical.
Y siguió interrogando: “¿existe alguna propuesta concreta para la salida del cramdown que algún interesado haya exteriorizado? Ninguna. Por el contrario, no han aparecido -ni aparecerán- interesados en el cramdown de Vicentin, sencillamente porque hay que tener espaldas muy grandes para financiar los 500 Millones de dólares para el capital de trabajo, y más 300 millones de dólares para equiparar la primera parte de la propuesta que ya ha obtenido conformidades abrumadoramente mayoritarias”.