El "ala económica" del Gobierno, en todas sus variantes, ya está resignada. La inflación llegará a un dígito recién en mayo, cuando los efectos de los aumentos en los servicios públicos programados estén aplacados y la inflación núcleo, dominada. Mientras tanto, lo que se debe esperar es que el IPC no se escape por encima del 1,5% hasta el primer trimestre del próximo año. Y que políticamente no haya dosbordes en las primeras negociaciones salariales para el año próximo, en un cronograma que, como siempre, lo inician gremios complicados como los bancarios y los docentes.#
La primera batalla para controlar los precios comenzó ya en septiembre y generó una interna sólo aplacada por las elecciones del domingo. Ya en julio pasado el presidente desde el directorio del Banco Central se había quejado por la decisión del ministro de Energía, Juan José Aranguren, de aumentar las naftas, complicando la medición publicada en agosto, a días de las PASO, y que arrojó un crecimiento de 1,7%, cuando tanto desde el BCRA como desde el Ministerio de Hacienda habían prometido al "ala política" menos de 1,5%. Ahora, la complicación fueron las alzas en las naftas de hasta 12% aplicadas con más criterio político que con las PASO (desde las 6 del lunes posterior a las elecciones), pero que provocarán que el incremento de los precios de noviembre no baje del 1%, y que eventualmente llegue al 2%. Luego se sucederán los incrementos en luz, gas y agua, entre otros rubros, en un cronograma que comenzará en noviembre y terminará en febrero, por lo que las consecuencias sobre el IPC se extenderán, como mínimo, hasta mayo. Esto implica que recién en el segundo trimestre de 2018 la inflación comenzará a estar en una zona de un dígito de aumento. Y esto si no se complican otros rubros, como el de los alimentos.
El problema político que le generará al Gobierno esta situación es que la aceleración de los precios se da en tiempos en los que el Ejecutivo debe convencer a los sindicatos de moderar sus expectativas en cuanto a los reclamos de incrementos salariales. La idea que tiene el macrismo es que para 2018 las paritarias se cierren con incrementos no mayores que el 17%, confiando en que la inflación general no superará el 15%. El problema es que la base de la proyección se realiza sobre una medición final del IPC de 2017 menor que el 21%, porcentaje que ahora entra en crisis con la alternativa de que se ubique más cerca del 23%; un nivel en el que corre peligro incluso la idea de cierre y abandono definitivo de la "cláusula gatillo". Ésta obliga al Gobierno a reabrir las paritarias si el alza de los precios supera ese 23%. La orden del propio Mauricio Macri fue en su momento la de aceptar la inclusión de la "cláusula" este año, pero con el compromiso de que sea el último ejercicio en el que se aplique. Y que, en consecuencia, 2018 sea el primer año completo en que se negocien paritarias tomando en cuenta las proyecciones oficiales de inflación.
El macrismo imagina igualmente un 2018 laboral con un menor nivel de conflictividad, al menos en la comparación con los dos primeros años de gestión. Aún se confía además en que el dato final del IPC del INDEC de Jorge Todesca le permitirá al oficialismo enviar señales más creíbles hacia los negociadores privados y sindicales que las que se tomaron a comienzos de los dos primeros años de gestión, con una inflación en baja y con variables económicas de crecimiento. A diferencia de 2015 y 2016, los gremios deberían tomar esta proyección en serio. El mensaje estará destinado, fundamentalmente, a los empleados públicos, incluyendo los docentes, que deberían aceptar aumentos en sus sueldos de no más del 15%. Otra medida que quiere estudiar el Gobierno es la posibilidad de adelantar al primer trimestre del próximo año, las negociaciones paritarias en los trabajadores que dependan del erario público.
Fuente: otrosambitos.com.ar