El juez federal Claudio Bonadio procesó al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en los subsidios al gasoil entregados a empresas de transporte de colectivos entre 2007 y 2012.#
El magistrado trabó un embargo en contra del actual diputado nacional por 1000 millones de pesos. En la misma resolución fueron procesados los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.
También fueron procesados los ex integrantes de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Roque Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro. A estos últimos y los exsecretarios de transporte le fijó embargos sobre sus bienes de hasta 900 millones de pesos.
Adrián Maloneay, abogado del exministro, informó a través de un comunicado que "es evidente que este procesamiento responde a las continuas presiones y demandas persecutorias contra De Vido formuladas por el Poder Ejecutivo".
En ese sentido, el letrado sostuvo que "en el apuro por mitigar los efectos de lo ocurrido la semana pasada, se lo procesa por hechos por los que todavía deben declarar otras 200 personas".
A De Vido y demás procesados les fijó la prohibición de salida del país, la obligación de presentarse el primer día hábil de cada mes, y concurrir a Comodoro Py para notificarse de la medida y el embargo dentro de las próximas 72 horas.
Se imputa a los exfuncionarios el "haber intervenido en el hecho que se detalla a continuación, que ocasionó perjuicio a las arcas del Estado Nacional de aproximadamente de 609.326.186,25" de pesos.
Además, "durante el período comprendido entre julio de 2003 y marzo de 2014, abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, los nombrados participaron en una maniobra ilegal a través de la cual se entregaron sistemáticamente, a empresas de transporte público automotor de pasajeros, subsidios superiores a los que correspondían".
En ese sentido, el juez los acusó de poner en funcionamiento y sostener en el tiempo, un sistema "destinado a permitir la maniobra, encubrirla, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados".
"Este sistema posibilitaba que se calcularan los subsidios en base a kilometrajes superiores a los efectivamente recorridos por los colectivos y, consecuentemente, se terminaran entregando subsidios superiores a los correspondientes. La maniobra ilegal pudo sostenerse hasta que se instalaron GPS en los colectivos, en el año 2014", según concluyó el juez.
Según la resolución del juez, "en el 82 por ciento de los casos las auditorías de la CNRT detectaron que las empresas recorrían un kilometraje inferior al que se estaba declarando hasta ese momento para el cálculo del subsidio".
Hasta tanto las empresas se sometieran al control de la tarjeta SUBE y un GPS en casa unidad, los subsidios se entregaban de dos formas: en dinero y en cupos de gasoil a precio diferencial del de la puesta a venta en el mercado.
"El Secretario de Transporte Ricardo Jaime, con la anuencia del Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se encargó de diseñar el marco normativo dentro del cual tuvo lugar la actividad ilegal, que fue luego mantenido por los siguientes Secretarios", según Bonadio.
La falsedad en los kilómetros recorridos fue gracias a que en una resolución de 2003 la secretaría de transporte fijó que sólo se haga a través de declaraciones juradas sin ningún tipo de control.
Bonadío determinó que las auditorías arrojaron la falsedad de datos así como el direccionamiento en el otorgamiento de subsidios a determinadas empresas, y que pese a ello los exfuncionarios no realizaron la denuncia correspondiente.
"De ese modo, se terminaban entregando sumas de dinero y cupos de gasoil a precio diferencial superiores a los que correspondían", agregó.
"El Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, por su parte, abusando del cargo que ocupaba, permitió que la defraudación pudiera concretarse y prolongarse en el tiempo. En efecto, las entregas ilegales de subsidios eran dispuestas por la Secretaría de Transporte de la Nación, que entre los años 2003 y 2012 dependía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; y los kilometrajes eran convalidados por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, organismo descentralizado que también actuaba en la órbita del mismo ministerio", añadió en su fallo.
Los subsidios tildados de irregulares fueron otorgados a las líneas 17, 22, 29, 39, 41, 42, 47, 59, 61, 62, 64, 67, 79, 86, 92, 95, 100, 102, 104, 105, 109, 110, 112, 114, 115, 118, 129, 133, 134, 140, 141, 150, 160, 163, 165, 193.
Inlcuso, el juez remarcó que en el caso de la empresa "Transporte Interprovincial Rosarina S.A.", durante el período comprendido entre mayo de 2010 y noviembre de 2011 "se le otorgaron cupos de gasoil a precio diferencial sin que prestara servicio alguno".
En ese sentido, la semana pasada el juez dispuso citar a 251 empresarios de las distintas líneas a raíz de haber recibido estos subsidios: fueron 403.193.117,2 entregados en dinero y unos 205.376.919,61 en litros de gasoil a precio diferencial entregados.
"Esto corrobora que no se trataba de hechos aislados, sino que existía un sistema de corrupción", concluyó el juez.
Fuente: otrosambitos.com.ar