El director de IDESA Jorge Colina dijo en Otros Ambitos (Del Plata Rosario 93.5) que según datos oficiales de los tres países, entre los años 2006 y 2018 la pobreza tuvo el siguiente comportamiento: En Argentina pasó de 29,2% a 32,0% de la población, en Chile pasó de 29,1% a 8,6% de la población, en Uruguay pasó de 32,5% a 8,1% de la población.#
Estos datos muestran la enorme dimensión del fracaso social que sufre la Argentina. Partiendo de situaciones parecidas en el año 2006 –los tres países con 1 de cada 3 personas en la pobreza–, Chile y Uruguay bajaron la pobreza al 8% de la población en poco más de una década. En el mismo período, Argentina en el 2006 empezó a distorsionar las estadísticas del INDEC para encubrir la pobreza y luego dejó de medirla en el 2013. Con el nuevo gobierno, en el 2016 se volvió a medirla y seguía en el orden de 1 de cada 3 personas en la pobreza, nivel que salvo vaivenes se mantiene. La consecuencia es que en la actualidad la Argentina tiene 4 veces más pobreza que Chile y Uruguay.
Semejante involución excede la crisis económica actual y lleva a poner el énfasis en temas más estructurales. Entre los años 2006 y el 2018 los ingresos del Estado en sus tres niveles (nacional, provincial y municipal) pasaron de 28% a 35% del PBI y el gasto público del 27% a 41% del PBI. Es decir, se generó un sector público mucho más grande y deficitario, profundizando una tendencia de más de medio siglo. La principal consecuencia fue la emisión monetaria espuria y el endeudamiento, de lo que se deriva la alta inflación que multiplica la pobreza. Los países vecinos con una administración del Estado más responsable y profesional (el gasto público en Chile es 25% y en Uruguay 33% del PBI) han logrado evitar la inflación y reducir sustancialmente la pobreza.
El problema central es la gestión del Estado argentino que está plagada de irresponsabilidad, oportunismo y mediocridad. Los cientos de programas asistenciales que se ejecutan desde los tres niveles de gobierno sirven para justificar burocracia, corrupción y “hacer política”, pero han demostrado que no sirven para bajar la pobreza. Esto a pesar de que sumando lo que gastan nación, provincias y municipios en asistencia social alcanza para eliminar la pobreza y mucho más la indigencia. Algo parecido ocurre por el lado del sistema tributario. Mientras las declamaciones en favor de la equidad llegan a niveles empalagosos, de manera sistemática se toman decisiones para que los ricos paguen menos impuestos. Un ejemplo reciente es la decisión de la Corte de eximir y devolver el impuesto a las ganancias a una jubilada de privilegio.
Asignarle responsabilidad al actual gobierno o al FMI por el aumento de la pobreza es una manera simple y políticamente atractiva de explicar el fracaso. Pero, como lo demuestra la experiencia de Chile y Uruguay, lo que se necesita es menos hipocresía y más profesionalismo en la gestión pública en todos los estamentos del Estado.
Fuente: otrosambitos.com.ar