Roberto Sukerman presentó tres proyectos que establecen juicios políticos a funcionarios , revocatoria de mandatos, elaboración ciudadana y participativa de normas y hasta consultas populares "La misma Constitución establece nuestra autonomía. Lamentablemente, el gobierno socialista utilizó históricamente el discurso de la autonomía como escudo y no como espada", señaló el concejal.
El jefe de bloque del Frente para la Victoria-PJ en el Concejo, Roberto Sukerman, presentó tres proyectos de su autoría, acompañados por Norma López, que establecen marcos regulatorios para una ciudad, que- como bien remarcara el edil la semana pasada- "puede avanzar en su propia autonomía", profundizando el republicanismo, la participación y el ejercicio de decisiones ciudadanas.
Hace unos días, el propio abogado constitucionalista, señaló que Rosario es autónoma, aludiendo a lo establecido desde 1994 por la Constitución Nacional y antes, en 1989, por la misma Corte Suprema. "La utilización del tírmino «asegurar» por parte de la Carta Magna, implica que la autonomía ya existe en los municipios, antes del reconocimiento constitucional; de otro modo, se hubiese empleado la palabra «establecer», subrayó el edil.
En ese sentido, afirmó tambiín que "no es necesaria una reforma legislativa o constitucional y que la ciudad puede avanzar en la materia mediante la elaboración de ordenanzas. Las reformas son por la necesidad de que la ciudad se ponga de acuerdo con la Provincia por una cuestión de distribución de recursos. Ahora, si hemos decidido, por ejemplo y a pesar de que es una obligación constitucional de la Provincia, avanzar en salud, estableciendo distintos efectores y centros de salud municipales, nos preguntamos por quí no vamos a poder hacerlo en las áreas que los rosarinos queremos elegir cómo realizarlo. ¿Cómo no vamos a poder hacer una consulta popular, cómo no vamos a poder elegir sobre nuestra seguridad y tantas otras cosas?".
En cuanto a los proyectos presentados, Sukerman recalcó; "Para profundizar nuestro proceso democrático se requiere una activa participación de la ciudadanía, que redunde en una mejor legitimación, en la aplicación de ciertas normas que tengan trascendencia social. En el marco de una democracia participativa, la sociedad tiene el derecho a inmiscuirse en la cosa pública, controlando a sus funcionarios y generando las responsabilidades del caso ante incumplimientos de sus funciones, para lo cual resulta imprescindible contar con las herramientas e instrumentos necesarios para permitir monitorear y controlar la gestión pública".
Consulta popular
"Con el objetivo de profundizar el proceso democrático y lograr una activa participación de la ciudadanía, que redunde, de esa manera, en una mejor legitimación en la aplicación de ciertas normas que tengan trascendencia social; el primero de los proyectos establece la Consulta Popular como procedimiento de participación ciudadana para someter al voto popular ordenanzas o actos administrativos que necesiten de la ratificación del pueblo", explicó Sukerman.
El articulado del proyecto establece que serán motivo de consulta popular la concesión de obra, servicios públicos y de explotación comercial por un plazo mayor a diez años; disposición o medidas de impacto ecológicos o graves perturbaciones urbanísticas; ordenanzas que fueran vetada por el Departamento Ejecutivo Municipal; u otros temas de interís público. Pueden convocar a una consulta popular tanto el intendente como el Concejo.
Juicio político y revocatoria de mandato
"En el marco de una democracia participativa, la sociedad tiene el derecho a inmiscuirse en la cosa pública, controlando a sus funcionarios y generando las responsabilidades del caso ante incumplimientos de sus funciones, para lo cual resulta imprescindible contar con las herramientas e instrumentos necesarios para permitir monitorear y controlar la gestión pública", sintetizó el edil sobre la segunda de las iniciativas.
El proyecto propone la regulación de algunos institutos que posibilitan el control ciudadano, como ser el juicio político y la revocatoria de mandato. "El fundamento del juicio político se halla en el principio recíproco de control de los actos de los poderes del gobierno, y en ello descansa gran parte de la fundamentación del principio republicano de gobierno.??El segundo instituto propuesto, el de revocatoria de mandato, es otra manifestación más de lo que se denomina democracia indirecta, y constituye un procedimientos que requiere la intervención directa del cuerpo electoral en consulta, para que se pronuncie sobre los poderes constitutivos del Estado, sobre un acto público de los órganos representativos o sobre los titulares de la representación", asegura el FpV en sus fundamentos.
En el articulado, la iniciativa establece que serán pasibles de juicio político: El Intendente; Concejales; secretario del Departamento Ejecutivo Municipal; miembros del Tribunal de Cuentas Municipal; titular de la Oficina de Defensa al Consumidor; y jueces de Faltas. Las causales para que un funcionario sea sometido a ese mecanismo son:Violación a las prescripciones contenidas en la Ley Orgánica de Municipalidades N° 2756; comisión de delito doloso; incumplimiento de los deberes a su cargo; mal desempeño de sus funciones; e incapacidad física o mental
La revocatoria de mandato es un derecho político constitucional por medio del cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que le han conferido al intendente o a un concejal. La solicitud de revocatoria debe ser presentada por escrito ante el Concejo Municipal con la firma del 20% del padrón electoral . El posterior referíndum de revocatoria de mandato es válido cuando haya emitido su voto no menos del cincuenta por ciento (50 %) de los inscriptos en el padrón electoral provincial último utilizado. El voto es obligatorio.
Elaboración participativa de Normas
"Este proyecto responde a la voluntad de ir generando mecanismos en los cuales las políticas públicas puedan ser definidas por todos los actores sociales involucrados, a la necesidad de reducción de la brecha burocrática entre representantes y representados,al ejercicio responsable del poder y a elevar el interís de la ciudadanía por los asuntos públicos, como así tambiín la confianza en las instituciones democráticas", remarcó Sukerman.
La Elaboración participativa es un procedimiento que, basado en consultas no vinculantes, involucra a los ciudadanos en la elaboración de normas administrativas y de proyectos de ordenanzas para ser elevados por el Departamento Ejecutivo Municipal y al Concejo Municipal. La finalidad es permitir y promover una efectiva y solidaria participación ciudadana.
Fuente: otrosambitos.com.ar