El juez Thomas Griesa anunció en la sexta audiencia con los fondos buitres y los abogados de la Argentina en Nueva York que por ahora no declarará al país en "desacato" A diferencia de los que preveían algunos analistas y operadores de mercado, el magistrado no tomó ninguna decisión de fondo, en tanto que remarcó que la decisión del Gobierno nacional de cambiar el lugar de pago a los bonistas es "ilegal" y "violatoria" de la sentencia dictada a favor de los holdouts.
Según informó la agencia internacional Reuters, al inicio del encuentro el letrado de los buitres, Robert Cohen, pidió la palabra y solicitó la aplicación de sanciones económicas y no económicas contra el país. En su discurso, aseguró que la propuesta para cambiar la jurisdicción busca "evadir" la orden emitida por el juez y que sus clientes esperan una señal contundente de que la Corte del Segundo Distrito Sur de Nueva York hará respetar sus fallos.
En ese marco, Cohen y su colega Stephen Poss, del fondo Olifant, le pidieron que declare el "desacato" y que aplique una multa millonaria. Como sanción no económica se interpretó el pedido de habilitación definitivo de la cláusula "discovery", que permite rastrear activos argentinos embargables en los Estados Unidos
El magistrado rechazó el pedido de imponer la figura de "desacato" al país y preguntó a los buitres al argumentar su decisión: "¿Cómo (la figura) de desacato contribuye a un acuerdo?".
El abogado de NML, Robert Cohen, sostuvo que ellos comparten el hecho de que "tiene que haber un acuerdo" entre las partes, pero alegó que "la República tiene que sentir (…) la necesidad de acuerdo" para que esa instancia sea lograda.
Por su parte, el abogado de Aurelius, Edward Friedman, sostuvo que aplicar la figura de desacato contribuiría porque enviaría "un claro mensaje" a Argentina y a terceras partes que podrían asistir al país en la iniciativa de pago soberano.
Friedman planteó entonces implementar un proceso de dos pasos: primero el desacato y luego las sanciones.
Al respecto, el letrado representante del país, Carmine Boccuzzi, afirmó que la figura de desacato no contribuiría de ninguna forma a lograr un acuerdo negociado entre las partes. Tambiín advirtió que "no hay bases" para aplicarlo dado que no hubo violación en las acciones que llevó adelante Argentina ni casos previos de países soberanos que hayan sido encuadrados bajo ese marco legal.
Lo que la República Argentina "está haciendo, es abiertamente, un proyecto de Ley como parte de un proceso democrático", explicó Boccuzzi.
A su turno, Griesa confesó estar "consternado" de que el Gobierno no haya consultado a sus abogados del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H) sobre la iniciativa de mudar el domicilio de pago y sus posibles consecuencias. "La Argentina ha tomado una posición ilegal", declaró el magistrado.
Más tarde, en línea con los buitres, Griesa calificó al plan de la Casa Rosada como "violatorio" de la orden judicial que íl mismo impartió, que se resume en pagar poco más de u$s 1.500 millones a los bonistas no reestructurados.
Sin embargo, poco antes de finalizar la audiencia aclaró que el proyecto todavía no fue sancionado por el Congreso nacional y que podría se analizado en el próximo encuentro, al igual que la aplicación de posibles sanciones. "Vamos a analizar esa posibilidad más tarde, podremos discutirlo en septiembre", dijo, y agregó: "Vamos a lidiar con esto cuando tengamos que lidiar con esto".
A su vez, Griesa volvió a instar a las partes a que se sienten a negociar junto a, Daniel Pollack, el special master (mediador) designado por el propio magistrado.
"En este caso, está tan claro como puede estar, que de alguna manera, en algún momento, espero más temprano que tarde, habrá un acuerdo" entre las partes, afirmó el juez.
El oficialismo ya organizó la agenda de debate para la ley que cambia la jurisdicción de pago a bonistas, habilita un nuevo canje y cambia al Bank of New York por Nación Fideicomisos como agente de pago. El proyecto ingresó por el Senado y el próximo miírcoles arrancará el debate en comisiones. Se espera llegue al recinto el 3 de septiembre y que luego pase a Diputados, donde podría convertirse en ley la semana siguiente.
Griesa tampoco resolvió quí hacer con los u$s 539 millones que giró la Argentina a los holdins y que siguen congelados en el BoNY. El mediador Dan Pollack fue el gran ausente de la audiencia.
Fuente: otrosambitos.com.ar