El Concejo Municipal de Rosario, a travís de la iniciativa de su presidente, Miguel Zamarini, y el edil del Partido del Progreso Social, Híctor Cavallero, suscribieron un acuerdo con la Universidad Nacional de Rosario, para determinar las facultades y competencias del municipio en pos de regular los precios de las cocheras y garages de la ciudad.
Durante el encuentro, el rector de la Universidad, Darío Maiorana, tomó el compromiso de realizar el estudio a travís de la Facultad de Derecho, que será la encargada de emitir un dictamen respecto a la posibilidad que el Departamento Ejecutivo y el propio Concejo puedan incidir en los precios de las cocheras de la ciudad.
“Este es un problema que afrontamos hace tiempo y encontramos buena recepción por parte del Rector y toda la Universidad. Nadie puede hacerse el distraído cuando se trata de una problemática que afecta a una parte muy importante de la población”, expresó Zamarini.
Asimismo, el titular del Concejo Municipal remarcó que existe una “demanda que supera la oferta”, lo cual le permite a algunos propietarios de cocheras la colocación de precios que son “verdaderamente abusivos”. De todos modos, recalcó que no ocurre en todos los negocios del rubro y que se profundiza en muchos negocios del microcentro.
Tanto Zamarini como Cavallero recordaron que la discusión se encuentra enquistada en el seno del Concejo Municipal desde el año 1996, cuando se aprobó un proyecto del edil Jorge Boasso para declarar las cocheras como servicio público impropio. “Es el momento de conocer realmente cuáles son las competencias municipales, provinciales y nacionales”, afirmaron.
Zamarini definió como “muy compleja” a la situación ya que, a su criterio, afecta a los sectores de bajos recursos y a los jóvenes que buscan su independencia laboral y social. Al respecto, añadió: “Esos sectores son los que permanentemente nos elevan los reclamos en un rubro que no tiene regulación y donde se colocan precios de manera muy arbitraria".
Por otra parte, el legislador socialista anunció que se realizará una audiencia pública en el Concejo Municipal al que se le invitará a los legisladores provinciales y nacionales, las cámaras inmobiliarias y las organizaciones que trabajan en esta materia, como la Oficina Municipal del Consumidor, la Secretaría de Comercio Interior de la Provincia de Santa Fe, Concejalía Popular, Cesyac, Unión de Usuarios y Consumidores, entre otras.
Fuente: otrosambitos.com.ar