El ministro de Economía Axel Kicillof concurrirá este jueves al Senado para defender el proyecto de ley del "Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación" alcanzado entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y la petrolera española Repsol por la expropiación de las acciones el 51% de las acciones de YPF realizada en abril del 2012.
Kicillof deberá exponer ante las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda que se reunirán a partir de las 10 del próximo jueves en el Salón Azul de la Cámara de Senadores.
Fuentes del ministerio de Economía confirmaron a Infobae que el ministro ya tuvo la semana pasada los primeros contactos con el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto y tambiín con el senador Anibal Fernández y que todavía no esta definida en la agenda del ministro la hora de la presentación. Es probable que Kicillof sea acompañado por el secretario de Legal y Tícnica de la Presidencia de la Nación Carlos Zannini a quien se considera junto a Kicillof y el CEO de YPF Miguel Galuccio como los principales armadores de la ingeniería financiera y tícnica del proyecto de ley. Los legisladores estiman que el debate del tema en comisión podría llevar unas dos semanas y la intención del Gobierno es que el dictamen de senadores estí listo para ser refrendado el 20 de marzo, con la intención de darle tratamiento en el recinto 27 de ese mes.
Hay que destacar que el "Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación" incluye un pago por todo concepto del equivalente de 6.000 millones de dólares pagaderos en bonos soberanos como compensación por la expropiación y es necesario en primer lugar que el Congreso de la Nación apruebe el proyecto de ley. Este acuerdo por la expropiación de YPF, si bien ya fue aprobado en febrero por el Consejo de Administración de Repsol debe ser ratificado por la Junta General de Accionistas que la compañía convocó para el 28 de marzo en el Palacio Municipal de Congresos en Madrid.
El menú de bonos cuya emisión deberá ser autorizada por el Congreso de la Nación esta formado por una emisión de títulos por el equivalente a 5.000 millones de dólares. Un total de u$s3.250 millones en un nuevo bono Bonar 24 que será emitido por el Tesoro Nacional específicamente emitido para honrar este acuerdo con vencimiento a 10 años y una tasa de interís de 8,75 por ciento. El resto se saldará con la emisión de u$s500 millones de el Bonar X con vencimiento en 2017 y tasa del 7% y los otros u$s1.250 millones con el bono Discount 33, con vencimiento en 2033 e intereses del 8,28% con interís capitalizable.
Sumando el capital y los intereses de los bonos el acuerdo costara unos u$s10.500 millones
Pero a eso se le sumara una emisión compensatoria de otros u$s1.000 millones en bonos. Por consiguiente el total emitido en bonos llegaría a los u$s6.000 millones que será nueva deuda emitida por el gobierno. En febrero, en el día de la presentación del acuerdo el ministro Kicillof destacó que "para darle profundidad y liquidez a la indemnización que se paga, se acordó que se va a completar esa suma hasta u$s4.670 millones en valor de mercado con otros bonos, pero esa emisión no puede superar nunca los u$s1.000 millones en valor nominal".
Esta emisión complementaria de títulos tiene un tope de otros u$s1.000 millones en valor nominal que se suman a los u$s5.000 millones originales y la cartera contendría hasta 400 millones de Boden 2015 con un interís del 7% y vencimiento en 2015; otros 300 millones de Bonar X y los restantes u$s300 millones en nueva emisión del Boden 2024.
En lo respecta a los pagos se calcula que sumando el capital y los intereses de los bonos el acuerdo costara unos u$s10.500 millones desde aquí hasta el 2033 en que vence el último bono y solo unos u$s1.500 millones serán pagados por este Gobierno. El resto es deuda pública que deberan pagar los gobiernos que venga hasta el 2033.
Cese para las acciones judiciales
El acuerdo que deberá aprobar el Congreso lleva incluido tambiín "el desistimiento recíproco de las acciones judiciales y arbitrales interpuestas y la renuncia a nuevas reclamaciones" del gobierno argentino y de la empresa española, entre estas se encuentra la demanda de Respol contra la Argentina por u$s10.500 millones ante el CIADI (Centro de Arbitraje de Controversia de Inversiones) que depende del Banco Mundial. En caso de una aprobación del Congreso el acuerdo implica finalizar con casi dos años de conflicto no solo entre la empresa y el Gobierno sino tambiín con el gobierno español que podría considerar el acuerdo como un paso previo para solucionar sus conflictos con el Club de Paris donde hay una deuda por saldar con España desde el 2001.
El acuerdo tambiín especifica que la deuda se va a considerar saldada no al momento de entregar los bonos, sino al momento de cobrar o bien los u$s5.000 millones por venta o cobro de capital o bien al concluir el plazo en que fuera emitida la deuda, es decir en el año 2033.
Kicillof ha destacado que "un elemento clave de este convenio es que la firma Repsol por la venta de los bonos producto de la indemnización o por el cobro del capital, nunca va a poder recibir suma superior a los 5.000 millones de dólares". Lo concreto es que como el valor de mercado de esos bonos no supera hoy los u$s4.760 millones habrá que emitir los restantes u$s1.000 millones en títulos. El Gobierno considera en el acuerdo que para darle menos volatilidad, que no dependa de un sólo día y la Argentina no tenga ningún riesgo de manipulación en mercados altamente volátiles se va a tomar la valuación promedio de la cartera de u$s5.000 millones durante 90 días previos a la emisión de los bonos pero en los principales analistas del mercado financiero consideran que como el valor no supera el tope habrá que emitir los restantes 1.000 millones.
"En caso que los cobros alcanzaran los u$s5.000 millones, el resto de los bonos Repsol debe devolverlos al gobierno argentino, porque el propósito de este convenio es que se reconoce el pago en título con determinado valor de mercado, pero tambiín se garantiza que el expropiado no va a cobrar más que lo que marca la tasación de la compañía" dijo Kicillof en febrero. El caso de los nuevos Bonar 24, es particular ya que se trata de título que no tiene mercado donde se pueda vender. Por ese motivo el acuerdo le garantiza a Repsol el cobro de las primeras tres cuotas de intereses de u$s150 millones cada y vencimiento semestrales, con una garantía del Banco Nación.
El acuerdo tambien aclara que "Repsol puede accionar para reclamar lo que le falta, solo hasta u$s5.000 millones restando lo que ya cobró", y para ello se acordó como tribunal de competencia al Reglamento de Arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL) ya que se encuadrará en el Tratado Bilateral de Promoción y Protección de inversiones entre España y Argentina. El jueves 27 de marzo se comenzará a tratar en el Senado y, de acuerdo a fuentes oficialistas tanto de senadores como de diputados, el Gobierno lograría los votos suficientes para aprobar el proyecto como ocurrió con el proyecto de suba de impuestos a los vehículos de alta gama que se aprobó fácilmente a fines del año pasado y que contó con 134 votos a favor en diputados y 63 positivos en senadores.
Fuente: otrosambitos.com.ar