El Tribunal Supremo italiano decidió aplazar la vista del recurso presentado por el ex primer ministro Silvio Berlusconi contra su condena a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por un delito de fraude fiscal en el caso Mediaset.
La decisión llegó despuís de una larga comparecencia de la Fiscalía del Supremo, que solicitó la confirmación de la condena (dictada en primera y segunda instancia en octubre de 2012 y mayo pasado, respectivamente), aunque con una reducción de la inhabilitación a tres años.
El fiscal general del Supremo Antonio Mura solicitó esta rebaja alegando que es lo que marca la ley y que el Tribunal de Apelación de Milán no explicó por quí amplió el plazo a un lustro, añadido a la pena de cárcel, toda vez que considera a Berlusconi autor de la trama para defraudar al fisco, por la que hay imputadas otras tres personas.
"Admiramos el esfuerzo generoso, incluso desde un punto de vista deportivo, del fiscal general para defender una sentencia que sigue siendo indefendible", dijo a los periodistas uno de los abogados de Berlusconi, Franco Coppi, quien definió como un "error evidente" de las sentencias pasadas la inhabilitación al exmandatario.
El caso juzga la compraventa de derechos de transmisión de películas estadounidenses por valor de 470 millones de euros por parte de Mediaset (el grupo audiovisual de Berlusconi) entre 1994 y 1999 con un supuesto aumento artificial del precio de los derechos para evadir dinero al fisco y desviarlo a cuentas en el extranjero.
Los magistrados que condenaron a Berlusconi en primera instancia cifraron en 17.500 millones de liras en 2000, en 6,6 millones de euros en 2001, unos 4 millones de euros en 2002 y unos 2 millones de euros en 2003 la cantidad de dinero objeto de la evasión fiscal en la que el "il Cavaliere" niega haber participado.
Tras dictarse sentencia en apelación en mayo, el Supremo sorprendió a principios de julio con su decisión de examinar de forma inmediata el recurso presentado por el exmandatario, fijando la vista para, en un intento de evitar cualquier riesgo de prescripción de una parte de los hechos delictivos.
A la espera del veredicto, Italia vive horas de nerviosismo, ya que en caso de que el Supremo confirme la condena que pesa sobre el exmandatario, se abriría el camino para la salida de Berlusconi de la política activa a sus 76 años de edad y tras casi dos dícadas.
Asimismo, despierta especial preocupación saber cómo una condena al ex primer ministro, la primera en firme a pesar de la multitud de procesos de los que ha sido protagonista, afectará a la estabilidad del actual Gobierno de coalición que preside Enrico Letta.
Y es que, pese a que Berlusconi ha reiterado en más de una ocasión su apoyo al Gobierno en las últimas semanas, algunos de sus correligionarios han mostrado una actitud muy crítica, amenazando incluso con poner fin a la coalición de la que forman parte.
En el caso de que el Supremo ratificara ahora la condena, el actual senador Berlusconi vería reducida su condena de prisión de cuatro años a uno en base a la ley sobre indultos de 2006 y podría cumplir esta pena en arresto domiciliario o bajo tutela de los servicios sociales, puesto que supera los 70 años de edad.
Sin embargo, lo que más preocupa en su entorno es la inhabilitación, aunque ísta no se activaría de forma automática, ya que para ser definitiva tendría que superar un nuevo trámite en el Senado, que deberá decidir si acepta la decisión de los magistrados y, si no lo hace, abrirse un proceso por conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.
En función del tiempo que está llevando el proceso, se preví que la sentencia del Tribunal Supremo, que comenzó a analizar el recurso, no llegue antes de mañana por la tarde o incluso el jueves, pues quedan aún por comparecer los abogados de Berlusconi y los otros tres imputados.
Más allá de este caso, Berlusconi tiene abiertos procesos penales por incitación a la prostitución de menores y abuso de poder (caso Ruby), por violación de sumario (Unipol) y, en audiencia preliminar, de corrupción por compra del voto de un senador (De Gregorio).
Tambiín enfrenta procesos civiles por la pugna por la editorial Mondadori y el divorcio de su segunda esposa, Verónica Lario.
Fuente: otrosambitos.com.ar