Con 39 votos a favor y 29 en contra logró darle media sanción a la modificación de las medidas cautelares, que fue cuestionada incluso dentro de las filas del kirchnerismo, como desde el CELS En concreto, el proyecto de ley aprobado hoy para regular las medidas cautelares contra el Estado fija un mecanismo para evitar que se extiendan sin un plazo determinado, aunque exceptúa de este sistema las situaciones que afecten la vida, la salud, el medio ambiente o a sectores vulnerables.
La iniciativa que envió la presidente Cristina Kirchner al Congreso no incluía a los sectores vulnerables. Ese aspecto fue propuesto en la última reunión del plenario de comisiones por el secretario de Justicia, Julián Álvarez, ante el pedido del CELS y otras entidades.
Desde el Gobierno argumentan que el uso desmedido de cautelares impidió, por ejemplo, que la Ley de Medios se aplique plenamente a más de tres años de su sanción o que el diario La Nación no pague impuestos hace diez años.
Entre otras limitaciones, la iniciativa diseñada por el Gobierno establecerá que las cautelares no podrán tener una vigencia superior a seis meses en el proceso ordinario, ni de tres meses en el proceso sumarísimo o de amparo, y que se podrán extender por otros seis meses, siempre que ello resultare procesalmente indispensable para los casos citados.
En el recinto, los discursos del arco opositor dominaron el tratamiento de proyecto y redundaron en su presunta "inconstitucionalidad", mientras que los senadores del Frente para la Victoria tuvieron unas pocas intervenciones en el debate.
Voces
El oficialista Pedro Guastavino, titular de la Comisión de Justicia, aseguró que "hay muchas provincias que tienen regulada la aplicación de cautelares contra el Estado".
A su turno, el radical Luis Naidenoff sostuvo que "la razón de ser (del proyecto) es la medida cautelar dictada por la Ley de Medios". Desde el punto de vista tícnico, agregó que "es un absurdo que la apelación del Estado tenga efecto suspensivo sobre la cautelar".
Su compañero de bancada Mario Cimadevilla sostuvo que "es inconstitucional porque violenta la igualdad de las partes en el proceso".
Desde el peronismo no oficialista, Sonia Escudero planteó que "es inconstitucional porque afecta al artículo 28 de la Constitución, que dice que los derechos y garantías no pueden ser alterados por las leyes".
En tanto, el socialista Rubín Giustiniani afirmó que el proyecto "es a todas luces regresivo" y "afecta los derechos fundamentales de los que menos tienen".
Fuente: otrosambitos.com.ar