Los reclamos en las cárceles de la provincia sumaron cinco muertos

El número de muertos por los levantamientos registrados la tarde del lunes en las cárceles de Coronda y Las Flores ascendió a cinco aunque ese es un número provisorio ya que hay internos que debieron ser trasladados a centros asistenciales con heridas y quemaduras. Según la versión oficial de los hechos todo surgió por “refriegas entre internos” que, en cada una de las penitenciarías se resolvió de manera distinta y con tiempos diferentes. Sin embargo, desde el interior de los presidios, los reclusos hicieron saber que sus demandas surgieron a partir de la falta de medidas de higiene y provisión de elementos de cuidado personal una vez que el gobierno santafesino impuso las restricciones por el avance del coronavirus y con eso la suspensión de visitas de familiares, salidas transitorias y la demora en enviar los paquetes de comida que reciben los presos (ver página 22). El saldo de los alzamientos, además de las víctimas fatales, fue la destrucción de un 75 por ciento de las instalaciones de la cárcel que se erige en la capital provincial, el destrozo de los talleres donde algunos presos trabajan en distintos oficios, la rotura de mampostería, aberturas y el sistema eléctrico.

Las víctimas

De los cinco muertos, cuatro de ellos estaban alojados en el pabellón de agresores sexuales de la cárcel de Las Flores. Allí, oficialmente, se dijo que dos internos fueron encontrados calcinados e identificados como Andrés Ezequiel Behler, de 23 años; y Rolando Duarte, de 60. En tanto otros dos reclusos heridos fueron derivados al Hospital Cullen de Santa Fe y murieron la mañana de ayer. Eran Jonatan Exequiel Coria, de 29 años; y Matías Gastón Crespo, de 31.

Por su parte, el detenido que murió por el disparo de un arma de fuego en el penal corondino se llamaba Alen Matías Miguel Montenegro, tenía 23 años y era miembro de la barra brava de Colón denominada “Los de Siempre”. El muchacho cumplía una condena por un homicidio calificado ocurrido en 2015.

Sorpresa

“Causa sorpresa que los dos amotinamientos se dieran en línea, casi simultáneamente, y con reclamos muy similares”, explicó ayer el secretario de Asuntos Penitenciarios, Walter Gálvez, quien junto a su par de Justicia, Gabriel Somaglia, fueron los encargados de poner en palabras el saldo tras 12 horas de tensión en dos de los presidios de la provincia.

Para Gálvez el alzamiento se debió a un combo de circunstancias: presos que temen ser abandonados a su suerte en el interior de las cárceles en medio de una pandemia virósica, pedido de mejoras en la profiláxis y cuidados intramuros, reclamos por morigeración de prisión para los privados de la libertad que pertenecen a grupos de riesgo, dificultades en la entrega de paquetes llevados por los familiares y dinero depositado por los mismos además del cese momentáneo de las visitas.

Igualmente indicó que se investigará lo sucedido en Las Flores, Coronda y en menor medida en Piñero, donde la revuelta fue más leve y se concentró en los pabellones 3 y 14, lugares en los cuales los presos se negaron a recluirse e iniciaron la quema de colchones. En ese marco un agente penitenciario intentó disuadirlos y le pegaron un puntazo en una pierna por lo que debió ser derivado al Heca, en Rosario.

Tanto Gálvez como Somaglia resaltaron que en los alzamientos no hubo líderes, pero que en Coronda el diálogo con los delegados de los pabellones facilitó las cosas. En Las Flores fue más anárquico, sobre todo luego de que los internos tomaran la farmacia de la cárcel. “En Coronda se pudo dialogar. En Las Flores la situación se tornó incontrolable cuando tomaron la farmacia y ahí se mezcló el consumo de psicofármacos y las grescas”, indicó Gálvez.

En la cárcel de la ciudad de Santa Fe, además, los internos atacaron a los detenidos por delitos sexuales y los cuatro muertos estaban alojados en ese pabellón. Las investigaciones de los homicidios quedaron en manos del fiscal de Coronda Marcelo Nessier y de Ana Laura Gioria en la capital provincial.

El 18 de marzo, cuando era inminente que las medidas restrictivas de prevención contra el avance del Covid-19 se agudizarían, el gobierno provincial decidió destinar 15 millones de pesos para fortalecer el sistema de salud intramuros a fin de evitar traslados y poder adaptar espacios de aislamiento para internos con patologías de base.

La medida era una aspirina para un sistema carcelario que contiene a unas 7 mil personas privadas de su libertad, que está sobrepoblado en alrededor de mil internos, en el que conviven mujeres embarazadas, niños pequeños, mayores de 60 años y presos con tuberculosis entre otras afecciones respiratorias, inmunodeprimidos y diabéticos. Todo eso en un contexto de severos problemas edilicios en un sistema que contiene alrededor de 3.500 empleados. Así, la semana pasada llegó la ayuda pero también la restricción de visitas, lo que no cayó bien en los internos.

Hábeas corpus

El domingo la defensora oficial de la provincia Jaquelina Ana Balangione presentó un hábeas corpus colectivo y correctivo en favor de las personas privadas de su libertad en las unidades penitenciarias o en dependencias policiales de Santa Fe.

En el pedido se expresó que el organismo constató en esos lugares “una serie de fallas, faltas y deficiencias que vulneran el derecho humano a la salud, como así también el incumplimiento de las medidas sanitarias que debieran ser adoptadas en el marco de la pandemia mundial”.

   Al respecto, ayer la jueza penal de Santa Fe, Susana Luna, hizo lugar al reclamo encomendando “la efectiva entrega de materiales y de elementos de higiene y limpieza tres veces por semana a los internos, reforzar las partidas de alimentos destinadas a las personas privadas de su libertad, y tomarle la temperatura corporal a internos y personal penitenciario” a diario.

   Con ese telón de fondo, el lunes a media tarde unos 300 internos de los 1.400 alojados en Coronda y 700 de los 1.200 recluidos en Las Flores se amotinaron realizando reclamos en la misma sintonía. La situación en Coronda recién fue encausada al caer la noche del lunes y mediante el diálogo entre agentes gubernamentales y delegados de pabellones. Por entonces ya había muerto un interno en el pabellón 9 Norte, cinco heridos habían sido trasladado al hospital Cullen y dos agentes penitenciarios recibieron heridas leves.

En Las Flores, en tanto, no hubo negociación de ningún tipo. Ocho grupos de irrupción tuvieron que ingresar para dominar el lugar con descargas de munición antitumulto a partir de la 1 de la mañana apoyados por francotiradores detrás de los muros perimetrales. A eso de las 3 de ayer el precario orden interno empezó a ser recobrado.

Ayer, pasadas las 18, se informó oficialmente que en ambas cárceles la situación estaba “controlada, con las guardias de personal reforzadas al máximo mientras se terminan de restaurar los graves daños ocasionados, se reinstala la electricidad y se trata de poner en orden los talleres que fueron destruidos”.

Recepción de paquetes y dinero

Cronograma del Servicio Penitenciario para recibir paquetes y dinero para los detenidos:

Miércoles 25: Módulos A y D de Piñero; Colonia Penal de Recreo; Alcaidía de Rosario; Unidad 4 Mujeres de Santa Fe; Pabellones 1,2,3,4 y 8 (P.Alta) y 5,7,9 y 10 (P.Baja) de Las Flores.

Jueves 26: Módulo Norte de Coronda; Unidades 3,5 y 6 de Rosario; Unidad 16 de Pérez; Unidad 10 de Santa Felicia; Módulos B y C de Piñero.

Viernes 27: Módulo Sur de Coronda; Módulos E y F de Piñero; pabellones 1,2,3,4 y (P.Baja), 6,9,11y 13 (P.Alta) de Las Flores.