La AFIP denunció ante la Justicia la persecución política de la cual fue víctima la hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante la administración de Mauricio Macri, al enumerar una serie de acciones ilegales dirigidas exclusivamente a socavar la figura de la entonces principal figura de la oposición.
La presentación es resultado de auditorías e investigaciones internas que terminaron por revelar que, entre 2016 y 2019, se desplegaron desde la AFIP acciones ilegales que configurarían un proceder ilícito con finalidad persecutoria contra la expresidenta. “El hostigamiento fiscal desplegado estuvo compuesto por prácticas arbitrarias, discriminatorias y violatorias, entre otros, del principio de igualdad”, explicaron desde el organismo recaudador.
En la denuncia, a la que accedió este medio, se detallan al menos 8 acciones ilícitas que conformaría el fin persecutorio que la administración de Mauricio Macri le imprimió a la AFIP para derrotar a su “objetivo” político, Cristina Fernández de Kirchner.
Entre ellas, figura la falta de notificación de una fiscalización, es decir, la iniciación y continuación de una fiscalización en su contra, sin siquiera intentar notificarla ni ponerla en conocimiento del procedimiento, irregularidades en la determinación de la deuda de Cristina y sus hijos que llevó a la formulación de cargos inexactos, la designación irregular de funcionarios a cargo de procedimientos, así como también la inusitada cantidad de consultas sistémicas sobre información fiscal de la contribuyente.
Sobre este punto, se destaca que se realizaron reiteradas consultas en las bases de datos sobre la vicepresidenta y sus hijos para obtener y filtrar información privada, así como también que se intentaron eliminar rastros informáticos para no dejar huellas sobre las búsquedas, lo que revelaría que los propios funcionarios de AFIP sabían perfectamente que lo que hacían era ilegal.
Otro de los puntos salientes de la denuncia de AFIP es la confirmación de la existencia de los “grupos de seguimiento” creados en la gestión Abad que tuvieron continuidad bajo la gestión Cuccioli. Los grupos de seguimiento tuvieron como objetivo seguir de cerca los casos “objetivo” del gobierno de Mauricio Macri y salieron a la luz durante el juicio a los titulares de Oil Combustibles por presunta defraudación a la administración pública.
En febrero de este año y en juicio oral, Jorge Schiaffini, funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos, había confesado que en el organismo armó un “grupo de control” contra la petrolera de Cristóbal López, algo que no ocurrió en sus anteriores 30 años de carrera.
Diez meses más tarde, la propia AFIP denunció ante la Justicia que en el organismo, bajo la gestión anterior, había grupos de trabajo constituidos para analizar la situación de ciertos contribuyentes, y de sus empresas, cuya integración fue determinada por las autoridades políticas de ese momento “sin respaldo legal suficiente” y sin contar con las “autorizaciones respectivas”, es decir, que de confirmarse esto, tanto Abad como Cuccioli quedarán seriamente comprometidos por el ejercicio de prácticas arbitrarias, discriminatorias y violatorias del principio de igualdad.
La denuncia está en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi, actual subrogante del juzgado federal número 11, y de la fiscal Paloma Ochoa, donde se investiga la posible comisión de delitos por parte de funcionarios de la AFIP durante las gestiones de Alberto Abad y Leandro Cuccioli, cuyas situaciones procesales podrían complicarse bajo la acusación de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.