En el marco del debate legislativo por el paquete de medidas de seguridad impulsado por el Ejecutivo en la provincia de Santa Fe, la diputada provincial Silvia Malfesi expresó en Otros Ambitos (Del Plata Rosario 93.5) profundas objeciones al proyecto. La legisladora advirtió que, bajo el argumento de dotar de más herramientas operativas contra el delito, la normativa otorga facultades excesivas a la policía y al Poder Ejecutivo que vulneran garantías constitucionales básicas.
Principales puntos de conflicto y críticas al proyecto
Durante una entrevista, Malfesi detalló los aspectos más polémicos de la iniciativa original y los riesgos jurídicos que conlleva:
- Restricciones a la circulación y zonas de alta peligrosidad: Cuestionó la facultad otorgada a la policía para establecer zonas de barrio de “alta peligrosidad” donde se cercene el derecho de libre circulación, se restrinja el tránsito en ciertos horarios o se prohíba el consumo de alcohol, medidas que comparó con un estado de sitio. Asimismo, recordó que los allanamientos generales deben requerir siempre una orden judicial previa.
- Vulneración del debido proceso: Señaló que el proyecto original prevé resoluciones de faltas leves a cargo del fiscal (en lugar de un juez) mediante decretos, y contempla que el imputado pueda declarar sin asistencia letrada, lo cual calificó como un retroceso que puede derivar en la nulidad de múltiples procesos judiciales.
- Controles judiciales: La diputada remarcó que las decisiones de allanamiento y coerción deben pasar estrictamente por el control de un juez y no quedar supeditadas únicamente a decisiones policiales o fiscales sin el debido resguardo institucional.
Debate político y advertencias institucionales
Frente a posturas de otros legisladores oficialistas o de su propio espacio —como el diputado Martín Rosúa, quien sostiene que la mano dura y la aprobación de estas normativas son indispensables para sostener los niveles de seguridad alcanzados—, Malfesi se mostró en desacuerdo.
Para la legisladora, ceder en las garantías constitucionales bajo el pretexto de combatir la inseguridad puede agravar el problema a largo plazo. En este sentido, respaldó las advertencias formuladas por la jefa de la Defensoría General, la doctora Estrella, y por miembros de la Corte Suprema de Justicia, quienes señalaron que varios artículos del proyecto rozan la inconstitucionalidad y vulneran el derecho de defensa y la división de poderes.
“La inseguridad reina y la gente está cansada, pero si se hace de esta forma, esto va a traer más nulidades y problemas que no van a ser buenos para nadie. Hay que respetar los principios básicos del derecho penal y procesal”, sintetizó Malfesi.