El economista Agustín Monteverde dijo en Otrosambitos (Pop Radio 96,1) que el Estado se lleva casi 2/3 de las ganancias del contribuyente promedio La presión tributaria es del 64,1%, un 54,31 % corresponde a la Nación, un 7,34% a las provincias y 2,45 % a los municipios. Los gruesos errores metodológicos que comete el Gobierno para medir la carga impositiva.
La presión tributaria, que se calcula a partir de la relación recaudación / PBI indica el porcentaje promedio de impuesto que abona cada habitante.
A contramano de la percepción ciudadana, es frecuente oír que el nivel de presión fiscal en la Argentina es reducido y que otros países tienen casi el doble de presión tributaria que la Argentina.
Sin embargo, los estudios comparativos en esta cuestión carecen en general de rigor metodológico pues relacionan datos de PBI y de recaudación surgidos de procedimientos de recopilación y medición heterogíneos. Mucho menos está probado algún vínculo causal entre presión y desarrollo económico.
Por otro lado, Arthur Laffer mostró hace ya rato que, a partir de cierto nivel, el aumento de presión genera caídas en la recaudación por evasión.
La metodología habitualmente utilizada para medir la presión tributaria —y que la ubica en torno al 27 %— implica gruesos errores de estimación.
En primer lugar, al utilizar el PBI a precios de mercado se distribuye el peso de la recaudación en un producto “inflado” precisamente por los mismos impuestos. No se puede repartir el peso de los impuestos sobre los mismos impuestos.
Tampoco resulta lógico distribuir el peso de los impuestos sobre una base que, ya neta de impuestos, aun incluye las amortizaciones de capital y las actividades inmobiliarias con bienes propios o servicio imputado de vivienda.
Otro elemento que contamina la medición es la economía informal. Las cuentas nacionales ajustan los valores registrados por un coeficiente de subregistro, de manera de incorporar actividades subdeclaradas o no declaradas. Queda claro que no puede distribuirse el peso de los impuestos entre aquellas actividades que escapan precisamente de la tributación.
Pero tambiín es incorrecto el importe de recaudación que habitualmente se computa.
Si la presión fiscal es resultante de la totalidad de los impuestos pagados por los contribuyentes, deben computarse todos los impuestos nacionales, provinciales y municipales. Muchos tributos municipales, sea por falta de información o por el carácter de tasa o contribución que revisten, no son considerados por la mayoría de las mediciones.
Tambiín es común que se escabullan del cómputo los aportes y contribuciones a la Seguridad Social. Asimismo se deben incluir dentro de la recaudación tributaria, los aportes a las cajas provinciales de previsión y a las obras sociales de origen nacional y provincial.
Un presente asfixiante
El PBI a precios de mercado en 2008 sumó $ 1.032.758 millones. Si descontamos los impuestos a los productos (IVA, ingresos brutos, impuestos específicos y al comercio exterior), arribamos a un valor agregado bruto de $ 839.037 millones.
Aún corresponde deducir las amortizaciones de los bienes de capital. Si asumimos que equivalieron a tan sólo la mitad de la inversión bruta (una presunción extremadamente favorable), arribamos a un ingreso nacional neto disponible de $ 718.794 millones.
Pero ese ingreso neto incluye la porción informal de la economía, que no paga impuestos. Si asumimos el supuesto adoptado en 1993 para la elaboración del PBI, la actividad registrada representaría 72 % del PBI total (aunque hoy es bastante menor), el ingreso neto del sector formal sería de $ 517.532 millones.
La recaudación tributaria del gobierno federal en 2008 sumó $ 281.051 millones.
Hasta aquí la presión tributaria federal equivale a un exorbitante 54,31 % del ingreso disponible de los contribuyentes.
Si asumimos que la presión fiscal de las provincias y municipios es la misma que en 1997 (año en que Santiere y otros la midieron) —aunque aquí tambiín hay consenso de que creció fuerte—, la carga provincial y la municipal sumarían unos $ 38.005 millones y $ 12.703 millones, equivalentes a 7,34 % y 2,45 %, respectivamente.
De esta forma, la presión efectiva del consolidado nacional —adoptando supuestos en extremo conservadores— es un astronómico 64,1 %, según surge de sumar el 54,31 % correspondiente a la Nación, el 7,34 % correspondiente a las provincias y el 2,45 % correspondiente a los municipios. El estado es, así, socio mayoritario de nuestra producción, aunque nada aporte —más bien complica— ni corra con los quebrantos.
En este cálculo no hemos descontado del PBI el servicio imputado de vivienda ni los impuestos directos, lo que hubiera resultado en un índice de presión efectiva aún mayor.
Con un fárrago tributario como el nuestro y una presión fiscal de tal magnitud, en la que el estado se lleva casi dos tercios de la riqueza generada por el contribuyente promedio, los alicientes para la evasión o la elusión son altísimos y los riesgos de ser detectado —especialmente en ciertas actividades— resultan mínimos. Un nivel alto de presión fiscal efectiva constituye un castigo al ciudadano que cumple y a la vez representa el tamaño de la recompensa que el estado otorga a los que evaden.
Por último, nótese que la presión tributaria real (que surge de la recaudación) es siempre menor a la presión nominal (la carga tributaria según surge de las normas impositivas).
La presión denominada —engañosamente— “real” es solo la contracara de la evasión resultante del nivel de presión “nominal”; es esta última la que cuenta como incentivo o premio para quienes deciden evadir.
Cabría incluso recargar esta presión nominal con lo complejo, costoso y difícil que resulte interpretar y cumplir con las normas impositivas. Dada la complejidad de nuestro rígimen y la discrecionalidad de nuestra administración tributaria, hay aquí un nuevo multiplicador de presión, un nuevo estímulo a la evasión.
Fuente: otrosambitos.com.ar