La ex diputada Silvana Giudici acababa de presentar su último informe anual sobre las restricciones a la libertad de expresión Entre otras cosas, la flamante funcionaria de la Ciudad advirtió que “una situación que se extiende es la limitación de la libertad de expresión de los ciudadanos” Y, entre otros, mencionó el caso de Híctor Polino, cuya ONG, Consumidores Libres, fue suspendida provisoriamente del registro por divulgar un informe sobre la variación de precios.
Al promediar la presentación, el ex diputado socialista pidió la palabra. “Ahora que hay tantas quejas del Ejecutivo sobre el comportamiento de la Justicia, quiero que se sepa la burla a la Justicia por parte de un organismo del PEN, al que desde agosto le pidieron que envíe un expediente y reciín lo mandó el último día hábil del año, ocasionándonos un perjuicio enorme, porque mientras tanto Consumidores Libres sigue suspendido”, denunció.
A renglón seguido llegó la explicación. “Consumidores libres, desde hace 18 años, cada quince días, viene haciendo un relevamiento de precios de 38 productos de la canasta básica en supermercados y negocios barriales de la Ciudad de Buenos Aires. Nunca mereció ninguna observación por parte de un gobierno, incluso por parte del de Nístor Kirchner y una parte del de Cristina Kirchner”, comenzó.
“Despuís de haber sido publicado el relevamiento de la primera quincena de agosto del año pasado, nos comunicaron que Consumidores Libres había sido sancionada con la suspensión provisoria en el registro de entidades de defensa del consumidor, sin darnos el derecho a la defensa y sin dictamen jurídico previo”, continuó. Y recordó que “la resolución se fundó en dos artículos de la ley de Defensa del Consumidor, el 4 y el 45, que están referidos a las empresas proveedoras, no a las entidades de consumidores”.
Hasta ahí, la historia conocida. Lo que siguió es el eje de la denuncia de Polino. “Fuimos a la Justicia. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal pidió a la Secretaría de Comercio en cuatro oportunidades copias del expediente donde se tomó la resolución. Primero le dieron diez días hábiles para que envíen una copia. No contestaron. Volvimos a presentarnos para que los intimen. Les dieron cinco días hábiles y contaron que no pueden enviarlo porque está pendiente de resolución (lo cual es falso, porque sólo le piden copias). Volvimos a pedir que se allane la Secretaría de Comercio y se secuestre el expediente, pero la Cámara no resolvió y mandó una nueva intimación, dándole tres días de plazo. No contestaron. Nos presentamos de nuevo, pidiendo lo mismo, y resolvieron… lo mismo: por cuarta vez le dan tres días de plazo”, se quejó.
Al final, según Polino, reciín el último día hábil de diciembre antes de la feria judicial la copia del expediente administrativo llegó a la sede judicial. “El fiscal ahora le pidió a la Cámara que lo resuelva y estamos a la espera de la una resolución”, comentó.
“Esto es un avasallamiento y burla a la Justicia, porque si cualquier ciudadano no cumple lo que ordena la Justicia, tendría una sanción inmediata. Acá hubo cuatro intimaciones para pedir una copia certificada del expediente y ninguna respuesta. Es un verdadero abuso de poder, una burla”, insistió. Y les regaló una ironía a los presentes: “Ahora, el Gobierno con el acuerdo de precios nos está dando la razón, porque si hay un pacto para que por 60 días no aumenten, quiere decir que venían subiendo. ¿O quieren que mintamos como el INDEC y digamos que no hay inflación?”.
Fuente: otrosambitos.com.ar