El gobierno nacional apelará a travís de un per saltum ante la Corte el fallo de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría que declaró la inconstitucionalidad de la elección de consejeros de la Magistratura por voto popular.
"Vamos a apelar por la vía del per saltum rápidamente este amparo que ha dictado Servini de Cubría. Y al apelarlo va a tener efectos suspensivos, es decir que el fallo no está firme", sentenció el ministro de Justicia, Julio Alak, quien sostuvo que la presentación será antes del fin de semana.
Alak tambiín manifestó que el gobierno tiene "confianza en que la Corte se va a expedir positivamente" sobre la elección popular de los consejeros, pero admitió que si el máximo tribunal falla en contra "lamentablemente el pueblo no va a poder elegir a sus representantes".
Puerta abierta. Por su parte, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, tambiín confirmó que el gobierno apelará, aunque dejó abierta la posibilidad de que sea ante la Cámara. En ese marco, el Frente para la Victoria presentó su alianza de 13 partidos para las elecciones de miembros del Consejo, y lo mismo hizo la oposición (ver aparte).
El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, dijo la semana pasada que el máximo tribunal espera "un caso" para resolver de manera "inmediata" sobre las leyes de reforma judicial. "Lamentablemente en este país una persona puede lograr que una norma de la Nación, del Estado, se paralice, cuando en otros países lo hace un cuerpo colegiado, como un tribunal constitucional, y de ninguna manera de forma individual un juez", sentenció Alak.
De esta forma, atacó los fallos de la jueza federal con competencia electoral Servini de Cubría, quien anteayer declaró la inconstitucionalidad de las elecciones populares de miembros del Consejo de la Magistratura.
La jueza resolvió así los amparos presentados por el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, y el dirigente de la democracia cristiana Carlos Traboulsi, quienes admitieron que una apelación suspende los efectos de los fallos.
"La apelación tiene efectos suspensivos tanto si es a la Cámara o por per saltum a la Corte, es decir que no se hace efectivo el fallo. Si el gobierno va en per saltum vamos a pedir la inconstitucionalidad de sus efectos suspensivos", adelantó Rizzo.
Junto con Alak tambiín criticaron a Servini de Cubría varios dirigentes kirchneristas, entre ellos el senador Aníbal Fernández, quien sostuvo que esos fallos se enmarcan en "la pretendida vocación" de los magistrados "de gobernar".
Alak tambiín expresó que el sistema actual de elección de magistrados "es corporativo, es aristocrático y es predemocrático, y donde no hay democracia hay aristocracia". Luego remarcó que "el Poder Judicial no es de los jueces ni de los abogados: es del pueblo".
"Creemos que debemos ir por la vía del per saltum porque hay gravedad institucional en la medida, porque se le está impidiendo al pueblo el ejercicio de derechos soberanos", aseveró el ministro, y aclaró que apelarán el fallo "en forma rápida". Tambiín dijo que cuando se formalice la apelación del gobierno "queda absolutamente vigente" la elección de los consejeros, que deberían presentar su candidatura antes del 22 de junio, cuando cierren las listas para las elecciones primarias.
Con rapidez. "Vamos a apelar en forma rápida y tiene que ser antes del viernes porque no queremos que se le cercene al ciudadano el derecho que le da la Constitución", remarcó Alak, y enfatizó que la reforma judicial impulsada por el kirchnerismo "es absolutamente constitucional". "El primer intírprete de la Constitución es el Congreso y el último, el Poder Judicial", remarcó.
Finalmente, afirmó que todavía resta evaluar "el efecto de las medidas cautelares que presentaron una gran cantidad de jueces que no son competentes y han tomando competencia en forma indebida".
Sobre el pronunciamiento de Servini de Cubría tambiín opinó el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, quien dijo que "la Justicia debe perder su temor frente al pueblo" y que "el artículo 114 de la Constitución nacional, que crea el Consejo de la Magistratura, es claro al establecer que la representación de los abogados, jueces y acadímicos se hará en la forma y proporción que la ley instrumente. Y es precisamente esta ley de la Nación, emanada de los representantes de la voluntad popular el que una sola persona se ha sentido autorizada a descalificar, con endeble argumentación que se aparta ostensiblemente del marco constitucional analizado", cuestionó Domínguez.
Fuente: otrosambitos.com.ar