Entre el miírcoles y el viernes próximos en Oslo, Noruega, y con la curiosa presencia de la reina Máxima, como invitada a dar un discurso, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), mantendrá un nuevo plenario de sus países miembros, y en el que al Gobierno le aguarda una mala noticia. La secretaría ejecutiva del grupo –que lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento internacional del terrorismo– examinó ya la reciente ley de blanqueo de capitales, aprobada de manera express por el oficialismo y que entrará en vigencia en julio, y consideró que viola sus postulados, ya que no respeta varias de sus recomendaciones como el criterio de debida diligencia de los clientes y la obligación de reportar operaciones sospechosas.
Pese a haber aggiornado y producido nueva normativa en materia de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, Argentina no logra salir de una “lista gris”, en la que el grupo coloca a países que aún incumplen con algunas de sus 40 recomendaciones. Y peor aún esta vez, según supo este diario de altas fuentes diplomáticas, la Secretaría tambiín podría enviar al plenario el caso argentino al grupo ICRG, que examina justamente los ingresos y egresos de los países en la lista de países no cooperantes, la más difícil de digerir.
El grupo es por cierto conducido por los Estados Unidos, donde la opinión sobre la ley de blanqueo argentino no es favorable. Un funcionario del Departamento del Tesoro estuvo hace unas semanas en Buenos Aires, observó la ley y se llevó información.
De hecho, sabe Clarín, el dictamen que se analizará en Oslo señala que la ley argentina viola el criterio de realizar un correcto análisis del origen de los fondos que van a exteriorizarse, ya que por ejemplo, exime a los contribuyente a declarar a la AFIP el origen de los fondos. Además, dificulta la cooperación internacional cuando los países soliciten información sobre los contribuyente que repatriaron los fondos.
El dictamen de la secretaría ejecutiva del GAFI contra la ley de blanqueo con la que el Gobierno busca aliviar la escasez de divisa extranjera, ya figura en un documento reservado, dijeron las fuentes consultadas por Clarín. Este debe ser sometido al Plenario, donde todos los países votan para confirmarlo o no. Y es ahí donde el país puede defenderse.
Argentina usaría en Oslo –y en su defensa de la ley aprobada por el Congreso– el argumento que sostiene que esta norma perdona solamente delitos tributarios y que reducirá el riesgo sistímico que generan los flujos financieros no declarados. Tambiín, la comitiva oficial, señalará que otros países –como Estados Unidos, España, Míxico, Portugal e Italia– en el pasado lanzaron amnistías parecidas.
Igualmente, no deja de ser curioso que autoridades nacionales, como el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Josí Sbatella, estuvieron informando que el grupo de países de la región nucleados en el GAFISUD había elaborado un dictamen positivo, lo que ahora se contradice con el de la secretaría ejecutiva del GAFI, la instancia mayor, y que en última instancia tendrá la palabra final para la presentación de la semana que viene.
La nueva legislación argentina fue reglamentada la semana pasada despuís de ser aprobada por el Congreso en mayo y entrará en vigencia en julio. Por ella invita a las personas y empresas que tengan divisas extranjeras sin declarar en Argentina o en el exterior, a ingresarlas al circuito legal. Esta llamada “exteriorización voluntaria de moneda extranjera” no generará ni impuestos ni multas para quienes se acojan a ella. Además, los blanqueadores no deberán informar el origen de los fondos, lo que es eje de fuertes críticas por ser fuente de lavado de dinero para todo tipo de actividades ilícitas de argentinos o extranjeros. Por estos postulados, ya había sido advertido en este último mes, entran en colisión con nuevas normativas del GAFI como su Guía de Buenas Prácticas Internacionales sobre la Gestión de las Implicancias de los Programas de Amnistías Fiscales en las Políticas Antilavado de Activos y Contrafinanciación del Terrorismo, aprobada en 2010, y otra de 2012 sobre delitos tributarios.
Fuente: otrosambitos.com.ar