La Procuración General de la Nación a cargo de Alejandra Gils Carbó envió a la Corte Suprema el dictamen donde sostiene que la reforma del Consejo de la Magistratura es constitucional Según los documentos a los que accedió ámbito.com, la procuradora Gils Carbó resolvió que "la elección popular y el incremento de miembros del Consejo representan una interpretación válida de la Constitución Nacional".
La funcionaria se expidió de igual manera para las dos presentaciones que llegaron vía "per saltum" al máximo Tribunal: la del titular del Colegio Pública de Abogados y representante de la lista 3 "Gente de Derecho", Jorge Rizzo, y la del apoderado del Partido Demócrata Cristiano, Carlos Lionel Traboulsi.
En sus resoluciones, Gils Carbó consideró que la ley 26.855 votada por el Congreso no contrasta con lo expuesto en el artículo 114 de la Carta Magna, como denunciaron Rizzo y Traboulsi. "(La norma) consagra una interpretación de ese precepto que concilia mejor su texto con el compromiso asumido con la ciudadanía, con el resguardo de la soberanía del pueblo, la democracia representativa y el consiguiente fortalecimiento de la participación ciudadana", sostuvo en el documento de 22 carillas, y estimó que la ley es adecuada para lograr "los fines de desalentar que intereses sectoriales o corporativos puedan prevalecer en la actuación del Consejo, al dejar sin efecto el voto calificado que regía anteriormente para la elección de los consejeros".
La Procuradora concluyó que el planteo de inconstitucionalidad de la ley realizaba una interpretación restrictiva del artículo 114 de la Constitución, "que arrastra consigo una visión más restringida de la democracia -lo que no se compadece con los artículos 1 y 37 de la Constitución ni con los instrumentos internacionales […]- y que se funda en la representación de intereses sectoriales -jueces y abogados-, que no en todos los casos podría ser compatible con el ejercicio del estricto control de un poder del Estado, como lo es el Poder Judicial".
"La voluntad del constituyente ha sido delegar en el Congreso de la Nación la determinación del sistema de elección de los miembros del Consejo, así como del número de representantes de cada uno de los estamentos que lo componen", remarcó.
A la vez, la Procuradora General señaló que resulta público y notorio que el funcionamiento del Consejo de la Magistratura con la integración actual no ha logrado satisfacer las expectativas sociales que llevaron a su creación. Esas expectativas, indicó la jefa de los fiscales, implicaban "agilizar y transparentar la selección de jueces probos e independientes, así como adoptar procedimientos más eficaces de control y remoción de los jueces".
En este sentido, el dictamen remarca que del sitio web institucional del Consejo de la Magistratura surge que durante el año 2012 sólo se realizaron doce reuniones de la Comisión de Selección, se convocaron a seis concursos y únicamente se remitieron ternas al Poder Ejecutivo con respecto a dos. Y agrega que durante el año pasado, "la Comisión de Acusación sólo sesionó once veces y no formuló ninguna acusación".
Por último, Gils Carbó sostuvo que el nuevo rígimen "avanza en el cumplimiento cabal de los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos que le imponen al Estado argentino el deber de asegurar la participación de todos en asuntos públicos tan relevantes para la vida democrática como los vinculados con el gobierno de la administración de justicia".
El dictamen de la Procuración deja a la Corte Suprema de Justicia en condiciones de resolver la cuestión. En este sentido, los supremos tienen la meta de resolver la cuestión antes del 22 de junio, fecha límite para la inscripción de candidatos a las elecciones primarias. Se estima que podrían expedirse este mismo martes.
Fuente: otrosambitos.com.ar