El legislador provincial reconoció como alarmante la cantidad de armas que están en poder de ciudadanos comunes y que en la mayoría de los casos no cuentan con los permisos correspondientes Tras los operativos con incidentes realizados por la Policía de la Unidad Regional I en diversos barrios de la ciudad de Santa Fe que concluyeron con el secuestro de armas de fuego, el senador por el Departamento Rosario Miguel Lifschitz afirmó que “es fundamental una política de desarme para garantizar y mantener un desarrollo pacífico de la vida social y disminuir los niveles de violencia e inseguridad”, y en ese sentido reconoció que “es obligación del Estado tener políticas activas”.
Para el ex intendente de Rosario “es alarmante la cantidad de armas que están en poder de ciudadanos comunes, que en la mayoría de los casos no cuentan con los permisos correspondientes y han sido obtenidas de manera irregular. Los actuales niveles de violencia y de homicidios que se registran, tienen mucho que ver con este fenómeno”, sostuvo el senador, al tiempo que agregó que “la violencia armada condiciona el libre ejercicio de derechos y libertades fundamentales, afecta la vida individual y social de las personas y para ello el Estado debe desarrollar una política de desarme que garantice la protección de los mismos”.
“La proliferación de armas de fuego en manos de la sociedad civil no es producto del azar. El mercado ilegal de armas de fuego, conexo a la internacionalización de los carteles de drogas, se transformó en un mercado paralelo y lucrativo con capacidad de poner en jaque el monopolio legal de la fuerza pública”, explicó Lifschitz y añadió: “Es igual de significativa su participación en el crimen organizado, donde no solamente facilita la estructuración de negocios adyacentes –especialmente el narcotráfico– sino que tambiín, mediante el fácil acceso de armas de fuego a los estratos más vulnerables del sistema, produce la intensificación de la violencia, tanto en el seno de la sociedad como en el modo de regulación del delito”.
En relación al Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego que se aplica desde 2007, el senador afirmó que “no es suficiente” y agregó que “las políticas de control y fiscalización del mercado legal de armas, como las políticas de persecución del delito, deben poder volcarse con especificidad en la agenda de seguridad y control de armas”.
Lifschitz, además, sostuvo que “el mercado legal es un diverso proveedor de armas de fuego y municiones al mercado ilegal a travís de robos, desvíos o triangulaciones, por lo que las políticas de regulación de las actividades legales son estratígicas para reducir el campo de la persecución penal”, y en tal sentido explicó que la prevención de la violencia armada a travís de programas de no proliferación, la fiscalización del mercado legal a travís del control efectivo de las actividades legales y la estricta regulación del mercado y la persecución del mercado ilegal a travís de políticas de reducción del tráfico ilegal de armas de fuego en todas sus formas, “son tres aristas fundamentales para el correcto abordaje del problema de la violencia armada”.
Finalmente, Lifschitz manifestó que “la reciente creación de una Unidad específica en el Ministerio de Seguridad de la Provincia es un avance pero probablemente sea necesario complementar esa iniciativa con un Plan Provincial de Desarme que organice la participación de todos los sectores del Estado y de la sociedad civil”.
Fuente: otrosambitos.com.ar