El Senado aprobó con 63 votos a favor y 2 abstenciones la ley que exime de impuestos al biodiísel para hacer frente a las restricciones impuestas por la Unión Europea al ingreso de ese combustible de producción nacional La iniciativa, que fue enviada por el Poder Ejecutivo y aprobada por la Cámara de Diputados pocos días atrás, exime de la alícuota del 22% al biodiísel destinado a la generación elíctrica y del 19% del impuesto a los combustibles líquidos.
Según la nueva norma, esta exención impositiva regirá hasta el 31 de diciembre de 2015 -pocos días despuís del final del mandato de la presidenta Cristina Kirchner- y el Poder Ejecutivo podrá prorrogarla hasta 2024.
Los bloques de la UCR, el Peronismo Federal y el PRO votaron en general a favor de la ley pero plantearon disidencias referidas, precisamente, al plazo de vigencia y a la atribución otogada al Ejecutivo para prorrogar la exención.
El senador oficialista Aníbal Fernández explicó que nueva ley busca "compensar las trabas impuestas por la Unión Europea en el 2013", dado que hasta ese año Europa había sido el principal mercado de este combustible argentina.
"Estamos tomando una decisión correcta, conveniente para la economía del país", agregó el jefe del bloque oficialista, Miguel Ángel Pichetto.
Por su parte, el senador del MPN y titular de la Comisión de Energía, Guillermo Pereyra, consideró que esta ley viene "a subsanar un error" y agregó: "Esto lo tendríamos que hacer con otras actividades".
En tanto, el senador de la UCR Ángel Rozas sostuvo que para el bloque radical "estas medidas fiscales desde luego que son positivas" pero que los cuesionamientos de esa bancada son porque la exención rige "solamente hasta diciembre de 2015".
Además, rechazó el artículo por el cual el Congreso delega al Poder Ejecutivo la facultad de prorrogar esta medida y recordó "el tema tributario es facultad excluyente del Congreso".
En tanto, los senadores del Frente Amplio Unen Fernando "Pino" Solanas y Magdalena Odarda se abstuvieron por considerar que "aquellos que dicen que los biocombustibles evitan el calentamiento global, está visto que no es así".
Además de la ley sobre biodiesel, el Senado tiene en su agenda parlamentaria prestar acuerdo a una lista de 18 funcionarios judiciales nacionales, aunque este tema podría quedar para otra sesión.
Otro de los temas principales en la sesión será el proyecto que convierte la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo en Universidad Nacional, con lo cual será estatizada y pasará a funcionar bajo la órbita del Ministerio de Educación.
El proyecto es muy resistido por los bloques de la oposición, quienes argumentan que se trata de una maniobra para liberar a la organización que preside Hebe de Bonafini de un presunto pasivo millonario.
En este sentido, el senador radical Ernesto Sanz calificó el proyecto como "un despropósito" y agregó: "Todos los argentinos nos haremos cargo de un pasivo de casi 200 millones de pesos".
"Si buscamos conocer de dónde viene esa deuda de 200 millones, debemos tener en cuenta que Sergio Schoklender era el representante jurídico de la Universidad", afirmó el senador y titular de la UCR, mediante un comunicado.
Además, uno de los proyectos que acordó Mauricio Macri con el Gobierno nacional, vería hoy la aprobación en el Senado, despuís que las dos Cámaras y la Legislatura porteña le dieran los votos al convenio que transfirió a la Nación los excentros clandestinos de detención, entre ellos el predio de la ex ESMA.
Ahora llega el fin para la polímica sobre el destino del monumento a Cristóbal Colón que se encuentra desmontado totalmente en los jardines de la Casa Rosada, pero que fuera objeto de un convenio que firmaron el 26 de marzo pasado Jorge Capitanich y Horacio Rodríguez Larreta.
El acuerdo obliga a la administración kirchnerista a hacerse cargo del traslado de la estatua y todas sus partes, el cuidado y el montaje, además de entregarle al macrismo toda la documentación que se encontrara y se dispusiera sobre la obra. Al mismo tiempo, de acuerdo al documento que tambiín debe refrendar la Legislatura porteña, al momento de hacerse entrega del monumento a la Ciudad de Buenos Aires, la administración nacional, más específicamente la Secretaría General de la Presidencia le entregará "sin cargo" al Gobierno porteño un estudio del estado en que se encuentra el monumento.
El convenio tiene nueve cláusulas que señalan que se harán acciones conjuntas "y coordinadas para la relocalización" del monumento y que además de hacerse cargo el Gobierno nacional de todos los gastos tambiín exime al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aries de la "responsabilidad por los daños" que pudieran causarse. La Ciudad, deberá definir el lugar para el traslado y luego se hará cargo de mantener la estatua.
En otro sentido las dos administraciones "acuerdan que cualquier divergencia sobre la aplicación, interpretación, y/o diferendo" lo resolverá en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El acuerdo está enmarcado como un "convenio de colaboración y cooperación" entre los dos gobiernos "para la restauración, traslado y emplazamiento del monumento".
Fuente: otrosambitos.com.ar