Con un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores, comenzó el debate legislativo del proyecto de Código Procesal Penal que ingresó la semana pasada a la Cámara Alta y que el oficialismo intentará aprobar en ese cuerpo en la última semana de noviembre, al finalizar el período de sesiones ordinarias. Tras recibir hoy la visita del ministro de Justicia, Julio Alak, el secretario de Justicia, Julián Alvarez, y el subsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena, que duró casi cuatro horas, el plenario de comisiones pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves próximo al mediodía para continuar con el análisis de la iniciativa.
Alak sostuvo al defender el proyecto que "es una síntesis de los mejores proyectos" y que "hay unanimidad legislativa y judicial en que hay que pasar al sistema acusatorio", que delega en el fiscal la tarea de investigación. "No pretendemos establecer sistemas de mano dura simbólica o un sistema punitivo demagógico", dijo el ministro, sino "garantizar que quien cometa un delito sea penado". Además, dijo que "el Código es producto de la experiencia de las provincias", que ya han pasado al sistema acusatorio, y que pretende "dotar al Poder Judicial y el Ministerio Público de elementos para luchar contra el crimen organizado y los delitos complejos".
"Esta es una reforma profunda del sistema procesal penal de la Nación, y busca dotar al Ministerio Público de una herramienta eficiente, especialmente, contra el delito organizado, el delito complejo", explicó Alak. En ese sentido, indicó que la iniciativa se busca "acelerar los plazos (de los juicios), sumar oralidad al proceso, garantizar que la victima sea la titular de la acción penal", y afirmó que es "un instrumento más de la política criminal del Estado".
"El nuevo Código Procesal Penal será una herramienta fundamental de la política criminal, que es una cuestión de Estado que involucra a los tres poderes", añadió y recordó que el modelo inquisitivo "surgió del Imperio Romano para perseguir a los cristianos, y fue luego utilizado por la Inquisición para perseguir a los herejes", y, luego, ingresó a las colonias de Amírica a travís de los imperios de España y de Portugal.
Además, habló de la ineficacia del actual sistema al remarcar la existencia de una "altísima proporción de procesados sin condena", alojados en las cárceles argentinas, que -indicó- "alcanza el 60%, contra el 30% de la media mundial, y llega al 80% en el caso de los internos jóvenes adultos".
A su turno, Alvarez intentó disipar las críticas opositoras sobre la cuestión de la prisión preventiva y apuntó que en la actualidad se aplica en el caso de que haya "peligro de fuga o posibilidad de que el imputado pueda entorpecer la causa" y que en la reforma se incorporó como otro causal "la reincidencia como tercer punto para tener en cuenta".
Los cuestionamientos opositores fueron por el lado de la posibilidad de una apertura a una embestida xenófoba por el tema del artículo 35 que refiere a la posibilidad de expulsión del extranjero que delinque en delitos menores, así como la supuesta "falta de independencia del ministerio Público", planteados por el radical Gerardo Morales y el socialista Rubín Giustiniani.
Al cierre, el jefe del bloque oficialista, Miguel Pichetto, buscó desalentar las acusaciones de racismo al indicar que la Argentina no tiene "una política xenofóbica" y al recordar que "en la última dícada al país ingresó un millón de inmigrantes de países vecinos, que no tenía acceso a la salud, a la educación, ni a la asignación universal por hijo".
Cruces entre Pichetto y Giustiniani
El jefe del bloque de senadores nacionales del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, protagonizó hoy un cruce con su colega socialista Rubín Giustiniani, cuando sostuvo que la provincia de Santa Fe, que gobierna el socialismo, se ha "convertido en la Nueva Medellín" al argumentar a favor de la expulsión de extranjeros que ingresen al país para delinquir y rechazar imputaciones de la oposición sobre supuestas actitudes xenófobas por parte del oficialismo.
El senador por Río Negro recordó que en la ciudad santafesina de Rosario un grupo narco había "construido un bunker de hormigón para vender drogas, piínselo", le dijo a Giustiniani, al explicar que el Código Procesal Penal que impulsa el gobierno es "una ley de política criminal", mientras la ley de Migración, de la cual el socialista es autor, es "una norma de carácter administrativo" y diferenciar entre ambas normas.
Pero Pichetto, al notar que la referencia a la situación santafesina había molestado a su colega, retiró lo dicho.
Al momento, Giustiniani aceptó la disculpa del senador kirchnerista al señalar: "Me parece bien que el senador Pichetto haya retirado lo que dijo de Rosario, para evitar esto de la estigmatizaciones", pero añadió que hay quienes "están utilizando este tema para hacer campaña electoral. Y no me refiero a lo que decía el senador Pichetto, sino a funcionarios del gobierno", en obvia alusión al secretario de Seguridad, Sergio Berni, quien en las últimas horas aseveró que en la Argentina "estamos infectados de delincuentes extranjeros".
En ese sentido, el socialista insistió en que "el tema" de los extranjeros y el delito "ya se está utilizando como campaña electoral", que quienes lo citen "van a obtener titulares en los medios que suelen criticar" y afirmó que "les puede dar algunos votos más, le puede subir algunos puntos, pero significa un grave retroceso cultural, con todo el avance que se ha producido en la República Argentina en los últimos años".
El jefe del bloque de senadores radicales, Gerardo Morales, aprovechó el cruce y espetó: "Si Rosario es Medellín, la Argentina es Colombia. Y la culpa la tiene el chancho y el que le da de comer", al hacer una elíptica crítica a la política del gobierno nacional para combatir el narcotráfico.
Fuente: otrosambitos.com.ar