Senado suspendió los plazos para evitar que proyectos pierdan estado parlamentario.

El Senado decidió este miércoles suspender “los plazos parlamentarios hasta el 31 de marzo”, con el fin de evitar que se caigan trámites como el pliego de Daniel Rafecas para procurador general o los DNU que deben ser ratificados por el Congreso, además de proyectos y dictámenes.

El decreto parlamentario 4-2020 fue firmado por la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, quien se encuentra en cuarentena tras regresar de Cuba.

En el texto publicado se dispuso “la interrupción de los plazos parlamentarios hasta el 31 de marzo de 2020, ad referéndum de su aprobación de la Cámara del Senado de la Nación”.

Según explicaron a NA fuentes de presidencia del Senado, el decreto abarca a “todos los trámites” parlamentarios y el objetivo es evitar que se caigan proyectos o dictámenes de comisión a raíz de la parálisis que sufre el Congreso por la pandemia de coronavirus.

Uno de los trámites que queda blindado con el decreto es el que corresponde al tratamiento del pliego de Rafecas como procurador general de la Nación que el Gobierno envió al Senado hace dos semanas.

La designación del procurador general se rige por el decreto 222 que regula el nombramiento de jueces de la Corte Suprema de Justicia y que estipula un plazo de 15 días para presentar impugnaciones y apoyos al candidato más otros 15 para citarlo a una audiencia pública en la Comisión de Acuerdos.

Si bien el Senado no está obligado legalmente a aplicar ese decreto para la designación del jefe de los fiscales, fue utilizado para las candidatas anteriores (Alejandra Gils Carbó e Inés Weinberg de Roca) y la Comisión de Acuerdos lo estaba aplicando también con Rafecas.

En este sentido, el decreto parlamentario firmado este miércoles por Cristina Fernández de Kirchner deja el pliego de Rafecas a resguardo hasta que el Senado retome su actividad normal.

De la misma manera quedan suspendidos los plazos que tiene la Comisión Bicameral de Trámite Parlamentario para avalar o rechazar los decretos de necesidad y urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo.