El funcionamiento virtual del Congreso, por comisiones, en sesiones informativas, ya se ha vuelto insuficiente. La necesidad de pasar a sesionar en plenario en el recinto, con debate y votaciones, ya no puede seguir esperando. Así lo entiende el oficialismo, y también la oposición. El Ejecutivo viene administrando la pandemia a puro Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), una solución legal ante la urgencia, que no conforma a la oposición.
La necesidad de abrir el pleno se ha vuelto insoslayable, por lo demás, con la novedad que plantó el FdT: impulsar un proyecto para cobrar un impuesto a las grandes fortunas, por única vez, y aplicado a un fin específico: la crisis sanitaria. El gravamen, que expande el debate económico en medio de la cuarentena, se aplicaría sobre unos 12 mil contribuyentes de la cima de la pirámide, con fortunas personales superiores a los tres millones de dólares, con una alícuota que iría entre el dos y el tres y medio por ciento, de manera progresiva. Según detalló uno de sus autores, el diputado Carlos Heller, representan a sólo el 0,08 de la población económicamente activa de la Argentina.
Para crear un impuesto, se sabe, resulta imperioso pasar por el Congreso. La propuesta nació en Diputados, con Máximo Kirchner, como impulsor originario. Fue escalando, y sintetizando a otros proyectos que buscaban similares resultados. Hasta que, anteayer, Alberto Fernández lo tomó en sus manos, y lo avaló de manera explícita. Por estas horas la letra del proyecto impuesto extraordinario está bajo la lupa de la Casa Rosada.
La expectativa de recaudación del nuevo gravamen rondaría los tres mil millones de dólares.
Cuándo y dónde sesionará Diputados, no está definido. Aunque la chance del trabajo virtual parece va con ventaja. El propio presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, ya prepara la tecnología, y tanto o más importante, las modificaciones reglamentarias correspondientes. Del lado sur del Palacio, la titular del Senado, Cristina Kirchner, se anticipó a un posible debate sobre la constitucionalidad o no del sistema virtual, y mandó a la Corte Suprema un “pedido de certeza de constitucionalidad”, con carácter urgente.
La ex presidenta parece tener definido cómo quiere que funcione la Cámara alta cuando, se presume, la media sanción —de Diputados— del impuesto a las grandes fortunas, llegue a sus manos.
El propio Massa, por su parte, explicó en las últimas horas que tiene avanzado el trámite con el Registro Nacional de las Personas (Renaper) para validar la identidad de los diputados que aparezcan en la sesión virtual como una carita más en una pantalla gigante, para exponer y votar. También el Arsat (empresa estatal de telecomunicaciones) fue consultada por Massa, buscando asesoramiento para asegurar la calidad de las comunicaciones virtuales.
Sin embargo, no está dicha la última palabra sobre el modo de funcionamiento que tomará Diputados, para poner en marcha el recinto, sin violentar los protocolos sanitarios que impone la pandemia. No se descarta el funcionamiento presencial, en algún sitio adecuado, en tamaño y en comodidades, que no será el tradicional recinto.
Del lado opositor, JxC ratificó su vocación para que el Congreso “funcione”, y dejó abierta la posibilidad de que lo haga de manera virtual o presencial. Los diputados del macrismo, con todo, se quejan porque tanto Massa como Cristina Kirchner, habrían iniciado acciones para conseguir el funcionamiento del Congreso, sin la participación directa de los opositores.
Además de habilitar el recinto, JxC tiene especial interés en poner a funcionar la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo (DNU). Algunos decretos firmados por Alberto Fernández, en el marco del coronavirus, serían rechazados por la alianza PRO-UCR. La Bicameral la conduce el diputado rosarino Marcos Cleri, que, dispuesto al debate, de todos modos, cuenta con mayoría para ratificar los decretos.