El Diputado Federico Angelini dijo en Otros Ámbitos (Del Plata Rosario 93.5) que el Poder Ejecutivo Nacional carece de facultades para apropiarse de la gestión de una empresa privada, cualquiera sea el estado de su patrimonio y el alcance de sus deudas, pues ello implica la violación de uno de los principios esenciales de nuestro sistema constitucional”, señala la denuncia presentada.
El documento profundiza en este punto al citar el Artículo 109 de la Constitución Nacional, que enuncia que el Poder Ejecutivo tiene vedada toda posibilidad de intervención en el proceso de saneamiento o liquidación de la empresa, lo cual está en manos del juez del concurso. “El tribunal debe velar por los derechos de los acreedores y el patrimonio de la empresa, de modo que una decisión política de intervenirla, además de violar el límite establecido en el Art. 109 mencionado, viola el debido proceso legal”.
Por otra parte, el escrito también alude al Artículo 75 inc. 12 de la Constitución e indica que le corresponde al Congreso Nacional dictar los códigos de fondo y la ley de bancarrotas, por lo que remarca que “no puede modificarse el procedimiento pertinente por un decreto del Poder Ejecutivo, aún dentro de los denominados de Necesidad y Urgencia”.
A raíz de éstos y otros motivos exhibidos es que Juntos por el Cambio emitió un comunicado en el que expresa que “la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de designar interventor en la empresa Vicentín importa la comisión del delito de abuso de autoridad, previsto en el Art. 248 del Código Penal”.
Ante el escenario planteado, y que contempla además el envío de un proyecto de ley por parte del oficialismo para intentar expropiar la firma agroindustrial, los legisladores recalcaron que seguirán bregando “por defender los valores de la independencia de los poderes y el normal funcionamiento de nuestro sistema republicano”.