El abogado Marcelo Gonzalez Acuña en Otros Ambitos (Del PlataRosario 93.5) analizó el marco legal y social de la propiedad privada en el contexto actual, diferenciando los mecanismos estatales de los actos ilícitos y llamando a un debate profundo sobre el rol del Estado.
Para González Acuña, es fundamental desmitificar la idea de que cualquier acción del Estado sobre la propiedad privada constituye un avance ilegal. Según explicó, la expropiación es un mecanismo jurídico previsto en la Constitución Nacional, diseñado para garantizar que el interés general prevalezca sobre el interés particular en situaciones específicas.
El marco legal frente al prejuicio
El análisis de González Acuña se centró en que la expropiación conlleva un proceso reglado que incluye una declaración de utilidad pública por ley y, fundamentalmente, la indemnización previa y justa.
“El robo es un acto ilícito que despoja a alguien de su propiedad sin derecho ni compensación. La expropiación, por el contrario, es un acto de soberanía estatal que reconoce el derecho del propietario mediante un pago compensatorio, con el fin de realizar obras o servicios que beneficien a toda la comunidad”, señaló.
Utilidad pública y bien común
Durante su intervención, subrayó que este recurso es lo que permite la construcción de autopistas, hospitales o tendidos eléctricos que, de otro modo, quedarían bloqueados por intereses individuales. González Acuña instó a la sociedad a no caer en reduccionismos ideológicos y a entender que el Estado debe tener herramientas para planificar el desarrollo social.
Un debate de fondo
Finalmente, González Acuña advirtió que equiparar conceptos tan distintos solo contribuye a la polarización y al desconocimiento de las leyes vigentes. Su postura invita a discutir no “si” el Estado debe tener la facultad de expropiar, sino “cómo” y “cuándo” aplicarla de manera transparente para asegurar que el beneficio colectivo sea real y tangible.