“No quiero vivir en un país que paga la deuda o a los jubilados”, subrayó el jefe de Estado. Esta semana un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) reveló que la diferencia entre la oferta de canje de deuda del Gobierno y lo que piden los acreedores externos podría llegar hasta u$s8.000 millones, equivalentes a 4.234 hospitales modulares de emergencia, 32 millones de jubilaciones mínimas, 167 millones de AUH o55 millones de pagos de Ingresos Familiares de Emergencia (IFE).
Ferández reveló que esta tarde volverá a dialogar con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para analizar los últimos movimientos de los acreedores, y recién en ese momento definirá extender los plazos nuevamente. Si se confirma, la renegociación se extiende hasta el lunes 22 de junio.
La primera fecha de vencimiento y la consecuente posibilidad de caer en default fue la del 22 de mayo pasado. Luego, se prorrogó dos veces más:hasta el 2 de junio y luego al 12 de junio.
La oferta inicial implicaba pagar 7,8% del PBI actual durante los próximos cuatro años solo en este tipo de deuda y hasta un 20,8% del PBI actual en los próximos 10 años, en deuda externa privada. En esa alternativa el Gobierno buscó una quita del 62% sobre los intereses y 5,4% sobre el capital, además de un periodo de gracia de tres 3 años (recién en 2023 se pagarían intereses). Esa quita del 62% implicaba un recorte de u$s37.900 millones en intereses y u$s3.600 millones en capital, un 11,8% del PBI actual, sumando el recorte de intereses y capital.
Pero la primera oferta fue rechazada por el 80% del total de los acreedores y el Poder Ejecutivo decidió dos extensiones en las negociaciones, con una nueva propuesta. Esa nueva oferta incluida quita de capital para algunos bonos de entre 12% al 7% (lo que implicaría una oferta de entre 47 y 48 centavos de dólar por cada dólar negociable), reducción de un año del plazo de gracia y adelantamiento del cronograma de pagos de varios bonos e inclusión de un bono que paga cupón a partir de 2022.
Al mismo tiempo, surgió una “reducción” de las pretensiones de los acreedores: pasaron de una oferta de unos 65-70 centavos a unos 54 centavos por cada dólar negociable. “La diferencia actual radicaría en siete centavos de dólar por cada dólar de deuda a reestructurar. En términos numéricos, la diferencia actual es aproximadamente de entre u$s4.500 y u$s8.000 millones”, recalcó el trabajo elaborado por el Módulo de Políticas Económicas, del Observatorio de Políticas Públicas de la Undav.