El diputado provincial por Unidos, José Corral, detalló en El dedo en la Llaga (Del Plata Rosario 93.5) los alcances de las iniciativas que buscan otorgar mayores herramientas a la policía y a los fiscales en la lucha contra el delito.
En vísperas de una jornada clave en la Legislatura provincial, se debatirá un conjunto de leyes destinadas a fortalecer las herramientas operativas de las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público de la Acusación. El diputado provincial José Corral (Unidos) fundamentó la necesidad de avanzar con estas reformas para consolidar los avances logrados en la reducción de índices delictivos desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.
Herramientas para combatir el delito predatorio y la delincuencia organizada
Según explicó Corral, las medidas apuntan a abordar problemáticas cotidianas como el robo de celulares y la persecución de bandas criminales. Entre los puntos destacados del proyecto se encuentran:
- Agilización de allanamientos: Se busca facultar a los fiscales a ordenar allanamientos con notificación inmediata al juez en situaciones específicas, como cuando un teléfono robado es localizado mediante rastreo por GPS o cuando se detectan armas, explosivos o municiones en la vía pública o domicilios colindantes.
- Control de celulares robados: Mapeo y seguimiento eficaz de los códigos IMEI para verificar si los dispositivos en circulación figuran en la lista de denunciados.
- Régimen de aislamiento en prisiones: Ajustes más rigurosos para reclusos de alto perfil vinculados al crimen organizado.
“Son herramientas de segunda generación. Los primeros resultados en seguridad suelen ser los más visibles, pero para sostener la baja en los delitos se requieren esfuerzos mayores y actualizar la legislación”, sostuvo el legislador.
Control de legalidad y garantías constitucionales
Ante las inquietudes sobre los límites democráticos de los allanamientos y el accionar policial, Corral enfatizó que la regla general de inviolabilidad del domicilio y la requerida autorización judicial se mantienen. Precisó que las excepciones atribuyen la potestad de intervención a los fiscales —quienes dirigen la investigación criminal— y no directamente a la policía, asegurando un control posterior inmediato por parte de los jueces.
Asimismo, el diputado remarcó que frente a eventuales excesos policiales existen mecanismos institucionales de denuncia, controles internos y fiscalías especializadas en violencia institucional.
Creación de una defensoría especial para fuerzas de seguridad
Uno de los consensos alcanzados entre los bloques políticos refiere a la creación de una Defensoría Pública Especial para Policías. La medida busca subsanar la paradoja de que el Estado garantizara defensa de oficio a imputados por delitos pero no a los efectivos policiales que, en cumplimiento del deber o tras un enfrentamiento, debieran enfrentar revisiones judiciales.
Expectativas en el recinto
El legislador se mostró confiado en lograr la aprobación del paquete normativo por amplia mayoría en la Cámara:
“La responsabilidad de gobernar es de la coalición, pero existe un compromiso compartido de dotar al Ejecutivo de las herramientas legales necesarias para cuidar a los santafesinos y garantizar el derecho a la seguridad”, concluyó.