El Director de Academia SILA (Inmobiliarias Latinoamerica) Javier Grandinetti en Otros Ámbitos (Del Plata Rosario 93.5) analizó el impacto de las políticas desregulatorias del Gobierno sobre los colegios profesionales y alertó que la falta de controles estatales no beneficia al consumidor, sino que desprotege su patrimonio.
Grandinetti, fijó una postura crítica y tajante frente a los intentos oficiales de desregular el mercado de corretaje, una medida que viene generando fuerte debate en el sector tras trascender que el Ejecutivo nacional analiza la viabilidad y continuidad de los colegios inmobiliarios matriculados.
Para Grandinetti, el concepto que se intenta implementar desde el discurso político es equívoco. “No hay una desregulación inmobiliaria, sino una desprofesionalización”, disparó el especialista, quien además se desempeña como director de la Licenciatura en Corretaje Inmobiliario de la Universidad Gastón Dachary (UGD).
El rol regulador de los colegios profesionales
El dirigente y académico fundamentó su defensa de la matriculación obligatoria argumentando que los colegios profesionales actúan como el órgano de control técnico y ético indispensable para la sociedad, sin que esto le represente una carga impositiva al erario público.
“Nos preguntamos por qué avanzar con esto, ya que los Colegios profesionales tienen cero costo para el Estado, no generan estructura y tampoco significan un costo extra para el consumidor”, explicó Grandinetti.
Según el experto, el sostenimiento de estas entidades corre exclusivamente por cuenta de los profesionales matriculados, quienes pagan su cuota para someterse voluntariamente al poder de policía de la institución. Este control garantiza que el ejercicio de la actividad se desarrolle bajo estrictas normas éticas y de idoneidad, cuidando los intereses y los bienes de la ciudadanía en operaciones tan sensibles como la compraventa o el alquiler de una vivienda.
Un mercado más complejo que exige mayor formación
El referente rosarino consideró una contradicción que el Gobierno intente licuar las exigencias profesionales en un momento histórico donde la disciplina inmobiliaria se encuentra en franca evolución académica.
“Esto se plantea en un momento en el que los corredores se están capacitando cada vez más para dar respuesta a un mercado que se complejiza y requiere mucha mayor preparación para cuidar el patrimonio de los clientes”, advirtió. Como prueba de esta tendencia, remarcó la creciente oferta y demanda de títulos de grado —como las licenciaturas dictadas por la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Universidad Católica Argentina (UCA) y la propia UGD— a las cuales asisten incluso profesionales que ya se encuentran matriculados pero buscan perfeccionarse.
Sospechas detrás de la medida
Hacia el cierre de su análisis, Grandinetti exigió claridad al Gobierno nacional sobre las verdaderas motivaciones que impulsan esta flexibilización. Desmitificó la premisa de que la supresión de las matrículas vaya a abaratar los costos para el usuario común, señalando que la experiencia histórica y la práctica ilegal demuestran lo contrario.
“Me gustaría que el Ejecutivo explique claramente cuáles son las razones para avanzar con una desregulación que no trae beneficios al Estado, ya que no le genera ningún gasto, ni beneficia económicamente al consumidor. Los honorarios que se cobraban antes de la aparición de los Colegios son los mismos que se cobran luego de su creación. Es más, quienes ejercen ilegalmente la profesión cobran exactamente lo mismo”, concluyó el especialista, dejando abierta la sospecha de que existan “otros intereses comerciales” detrás del desmantelamiento de los controles profesionales.